La ofensiva judicial contra las pandillas en El Salvador registró un nuevo capítulo este martes con la condena de 254 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. La información fue confirmada por la Fiscalía General de la República de El Salvador, que destacó la magnitud del proceso y la importancia de la sentencia en el combate a las estructuras criminales.

Según la institución fiscal, los condenados pertenecían a la clica denominada “Park View Locos Salvatruchos”, una estructura que operó durante varios años en amplias zonas del departamento de Cabañas. Las investigaciones sostienen que este grupo mantuvo control territorial y ejerció presión sobre comunidades locales entre 2013 y 2022 mediante diversas actividades ilícitas.

El fallo fue emitido por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de una extensa audiencia judicial que se prolongó durante más de seis semanas. Durante ese período, la Fiscalía presentó una amplia cantidad de pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar las acusaciones.

Entre los sentenciados figura Eugenio Morales, alias “Little Pesadilla”, identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de la estructura criminal. El tribunal le impuso una condena de 85 años de prisión tras hallarlo culpable de delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, posesión ilegal de armas de fuego y tenencia de drogas con fines de tráfico.

Las investigaciones fiscales señalan que los miembros de esta célula desempeñaban funciones específicas dentro de la organización. Algunos eran responsables de actividades de vigilancia, otros de la coordinación de operaciones criminales y varios participaban en tareas de distribución de drogas, cobro de extorsiones y control territorial.

La sentencia se enmarca dentro del nuevo modelo de audiencias únicas implementado por las autoridades salvadoreñas a partir de reformas aprobadas a la Ley Contra el Crimen Organizado. Este mecanismo permite procesar de manera conjunta a numerosos integrantes de una misma estructura criminal dentro de un único expediente judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, el sistema busca agilizar los procesos penales y evitar que las causas relacionadas con una misma organización se fragmenten en múltiples juicios. Bajo esta modalidad, los fiscales presentan gradualmente a los imputados ante el juez según su nivel de participación y jerarquía dentro de la estructura investigada.

Aunque se trata de un proceso unificado, la normativa establece que no todos los acusados comparecen simultáneamente. Corresponde al juez determinar el orden de participación de los procesados a partir de las propuestas presentadas por la representación fiscal y la evidencia acumulada durante la investigación.

La reforma legal que permitió este tipo de procedimientos fue aprobada en diciembre de 2023, en un contexto marcado por el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele como principal herramienta para combatir a las pandillas que durante décadas dominaron amplias zonas del país.

Desde su implementación en marzo de 2022, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 92,000 personas señaladas por presuntos vínculos con organizaciones criminales, según datos oficiales. Las autoridades sostienen que estas medidas han contribuido a una drástica reducción de los índices de homicidios y otros delitos violentos.

Sin embargo, la estrategia también ha generado cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Diversas organizaciones han documentado más de 6,400 denuncias por supuestas violaciones a derechos fundamentales y han reportado alrededor de 530 fallecimientos de personas bajo custodia estatal durante la vigencia de la medida.

A pesar de las críticas, el Gobierno salvadoreño mantiene el régimen de excepción como eje central de su política de seguridad. La medida ha sido prorrogada en más de 50 ocasiones y continúa contando con un amplio respaldo popular, mientras las autoridades aseguran que seguirán profundizando las acciones judiciales y policiales contra las estructuras criminales que operan en el país.