La administración del presidente Nasry Asfura anunció este jueves una profunda reorganización en el aparato de seguridad del país tras la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de cancelar la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). La resolución fue tomada durante una sesión celebrada en Casa Presidencial, en medio de crecientes preocupaciones por los niveles de violencia y expansión de redes criminales en Honduras.

En la reunión participaron altos representantes de los tres poderes del Estado y de las instituciones encargadas de seguridad y justicia, entre ellos Tomás Zambrano, Wagner Vallecillo, Pablo Emilio Reyes, además de autoridades militares y policiales. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de las actuales estrategias de combate al crimen organizado y la necesidad de replantear estructuras consideradas insuficientes frente al avance de organizaciones delictivas.

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta, explicó que la eliminación de la Dipampco forma parte de un proceso de revisión institucional impulsado por el Gobierno. Según indicó, las dependencias que no logren responder a las exigencias operativas ni mantengan coordinación con el nuevo esquema nacional de seguridad serán sometidas a procesos de suspensión, transformación o reemplazo.

“El mensaje es claro: las instituciones que no estén a la altura de los desafíos actuales deben dar paso a nuevos mecanismos que permitan resultados más contundentes en la protección de la ciudadanía”, expresó el funcionario, al tiempo que subrayó que el Estado busca fortalecer la capacidad de reacción frente a estructuras criminales vinculadas a extorsión, narcotráfico y sicariato.

Las autoridades detallaron que el cierre de la Dipampco deberá desarrollarse bajo procedimientos legales y administrativos que incluyan revisiones laborales y procesos de evaluación del personal. De acuerdo con el Gobierno, los agentes que acrediten experiencia, certificación y desempeño adecuado podrían ser reasignados a nuevas unidades especializadas contempladas dentro de la reestructuración del sistema de seguridad pública.

La decisión ocurre en un contexto de presión social por el incremento de hechos violentos registrados en distintas regiones del país. En los últimos años, la Dipampco había concentrado operaciones contra maras y pandillas, especialmente en casos de extorsión y crimen urbano; sin embargo, diversos sectores cuestionaban la efectividad de los resultados obtenidos frente al crecimiento de redes criminales y la persistencia de altos índices de inseguridad.

El Ejecutivo adelantó que en los próximos días se presentarán nuevas medidas complementarias dentro de la estrategia nacional de seguridad, entre ellas el fortalecimiento de la recién creada Agencia Nacional contra el Crimen, el endurecimiento de herramientas legales para la persecución de estructuras ilícitas y acciones orientadas a recuperar territorios bajo influencia criminal. El Gobierno sostiene que la meta es mejorar la coordinación interinstitucional y aumentar la capacidad operativa del Estado para garantizar mayor protección a la población hondureña.