Tegucigalpa, Honduras. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó este lunes que la administración del presidente Nasry Asfura encontró una Secretaría de Seguridad con serios problemas financieros, compromisos administrativos pendientes y plataformas tecnológicas fundamentales fuera de funcionamiento, situación que, según dijo, obligó al nuevo gobierno a concentrar sus primeros meses en el saneamiento institucional y la reorganización operativa.
Durante su participación en el foro Agenda Nacional, transmitido por Televisión Nacional de Honduras (TNH), Canal 8, el funcionario explicó que una parte significativa del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026 fue utilizada para cancelar obligaciones heredadas de la administración anterior, incluyendo salarios atrasados, pagos por alquileres, combustible, aportaciones patronales y otros compromisos financieros acumulados.
Velásquez señaló que la institución enfrentaba una carga económica considerable que limitaba la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, por lo que una de las primeras decisiones de la actual administración fue ordenar las finanzas, recuperar la capacidad institucional y reorganizar los recursos disponibles para atender las prioridades en materia de seguridad ciudadana.
El titular de Seguridad indicó que, una vez estabilizada la situación administrativa, el Gobierno implementó una estrategia basada en inteligencia policial y análisis territorial, enfocando la mayor parte de los recursos humanos y logísticos en los municipios con los índices más elevados de violencia. Según explicó, alrededor de 30 municipios concentran cerca del 70 % de los homicidios y otros delitos de alto impacto registrados en Honduras, razón por la cual las operaciones han sido focalizadas en esas zonas.
Como resultado de esta estrategia, el ministro informó que durante los primeros 180 días de gestión las autoridades han logrado la captura y desarticulación de 117 estructuras criminales, además del decomiso de más de cuatro mil armas de fuego y la detención de aproximadamente cinco mil personas presuntamente vinculadas con organizaciones delictivas que operaban en distintas regiones del país.
Velásquez también destacó que los indicadores oficiales reflejan una reducción superior al seis por ciento en los homicidios en comparación con el mismo período del año anterior, lo que, según afirmó, representa cerca de un centenar de muertes menos. Añadió que el objetivo del Gobierno es cerrar 2026 con una disminución adicional en la tasa nacional de homicidios, consolidando una tendencia sostenida a la baja.
En el ámbito tecnológico, el funcionario resaltó la recuperación del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés), una herramienta especializada utilizada para comparar evidencias balísticas y fortalecer las investigaciones criminales. Explicó que este sistema facilita la identificación de armas utilizadas en distintos hechos delictivos y contribuye a mejorar el trabajo pericial del sistema de justicia.
Asimismo, señaló que la modernización institucional contempla mayores inversiones en inteligencia policial, fortalecimiento de las capacidades investigativas y utilización de tecnología para combatir delitos como la extorsión, el crimen organizado y los homicidios. Estas acciones, indicó, buscan mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a las amenazas que afectan la seguridad pública.
El ministro sostuvo que los avances alcanzados durante estos primeros seis meses responden al respaldo político de la administración del presidente Nasry Asfura y a una estrategia orientada a fortalecer la presencia del Estado en los territorios con mayor incidencia criminal. Afirmó que el propósito es consolidar instituciones más eficientes, transparentes y con capacidad para enfrentar las estructuras delictivas.
Finalmente, Velásquez reiteró que la prioridad del Gobierno continuará siendo la reducción de la violencia mediante operaciones focalizadas, el fortalecimiento de la investigación criminal y el combate frontal contra la extorsión y el crimen organizado. Según expresó, la administración busca mantener una política de seguridad basada en resultados operativos y en el restablecimiento del orden institucional en beneficio de la población hondureña.
