Honduras atraviesa una profunda crisis en materia de seguridad y acceso a la justicia, marcada por altos niveles de impunidad, expansión del crimen y debilitamiento institucional. Así lo expone la quinta entrega de la serie “Estado de País 2026”, presentada este lunes por el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa.

El informe, enfocado en el desempeño del sistema de Seguridad y Justicia, sostiene que el país continúa enfrentando severos problemas estructurales que limitan la capacidad estatal para investigar delitos, sancionar responsables y garantizar protección efectiva a la población.

Uno de los datos más alarmantes del análisis es el nivel de impunidad en homicidios, que alcanzó el 98% durante 2025. Según el estudio, la mayoría de los asesinatos cometidos en los últimos 15 años no han concluido con sentencias condenatorias, evidenciando un sistema penal incapaz de responder de manera efectiva frente a la criminalidad.

La investigación detalla que entre 2010 y 2025 se registraron más de 74 mil homicidios en Honduras, mientras apenas una mínima parte de los casos llegó a condenas judiciales. Aunque la tasa de homicidios se redujo en comparación con los niveles históricos de violencia registrados en 2012, el país continúa siendo considerado el más violento de Centroamérica.

De acuerdo con el documento, Honduras pasó de registrar una tasa de 85.5 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26.6 homicidios en 2025. No obstante, la cifra sigue reflejando un promedio de seis asesinatos diarios, situación que mantiene la preocupación de organismos nacionales e internacionales vinculados a derechos humanos y seguridad ciudadana.

El informe también cuestiona la efectividad del gasto estatal destinado al combate de la criminalidad. Entre 2022 y 2025, el Estado hondureño asignó más de 130 mil millones de lempiras al sector Seguridad y Justicia, incluyendo recursos provenientes de la Tasa de Seguridad, cuyos ingresos anuales duplicaron los registrados durante la década anterior.

Sin embargo, la ASJ concluye que el aumento presupuestario no se tradujo en mejoras sustanciales para el sistema de investigación criminal ni en el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. La organización sostiene que persisten debilidades asociadas a politización, clientelismo y falta de profesionalización técnica.

Otro de los fenómenos que continúa golpeando a la población hondureña es la extorsión. La encuesta de victimización incluida en el estudio refleja que el 10.6% de los hogares del país fue afectado por este delito durante 2025, lo que equivale a cerca de 295 mil familias impactadas directamente.

El análisis advierte además que la extorsión ya no se concentra únicamente en las principales ciudades. Departamentos como Yoro y Lempira presentan índices de victimización superiores al promedio nacional, confirmando que las estructuras criminales han expandido sus operaciones hacia regiones históricamente menos afectadas.

En Yoro, el índice de victimización por extorsión alcanzó el 19.7%, mientras que en Lempira llegó al 14.8%, cifras que evidencian la expansión territorial del crimen organizado y el debilitamiento de los mecanismos preventivos y de control estatal.

La violencia contra las mujeres ocupa otro de los apartados más críticos del informe. Honduras continúa encabezando los indicadores de femicidios en América Latina, con 262 muertes violentas de mujeres registradas durante 2025, lo que equivale al asesinato de una mujer cada 33 horas.

El documento señala que, entre 2019 y 2025, se contabilizaron 2,278 femicidios en el país. Sin embargo, únicamente 150 expedientes fueron judicializados y apenas 67 concluyeron con sentencia condenatoria, consolidando una impunidad del 95.4% en los crímenes contra mujeres.

La ASJ advierte que la falta de resultados judiciales profundiza la vulnerabilidad de las mujeres hondureñas y refleja serias deficiencias en los mecanismos de protección, investigación y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género.

La situación de la niñez también genera preocupación. El informe establece que durante 2025 se interpuso una denuncia por abuso sexual infantil cada siete horas, evidenciando la fragilidad de los sistemas de prevención y protección destinados a niños, niñas y adolescentes.

Especialistas del Instituto de la Justicia consideran que las cifras demuestran una falla estructural del aparato estatal, tanto en materia preventiva como en la capacidad de respuesta judicial frente a delitos que afectan a sectores altamente vulnerables.

Como parte de sus recomendaciones, el estudio plantea sustituir progresivamente las estrategias de choque por operaciones basadas en inteligencia táctica, tecnología y focalización territorial, especialmente en zonas de alta incidencia criminal como el Distrito Central y San Pedro Sula.

Según la organización, ambas ciudades concentraron cerca del 40% de los homicidios ocurridos en 2025, por lo que consideran indispensable fortalecer capacidades investigativas, sistemas de análisis criminal y mecanismos de vigilancia estratégica.

El informe también urge reformas pendientes al Código Penal y al Código Procesal Penal, así como una modernización integral del sistema penitenciario nacional. La ASJ sostiene que el control efectivo de las cárceles sigue siendo uno de los principales desafíos para la seguridad pública.

Finalmente, el Instituto de la Justicia enfatizó que Honduras necesita blindar las instituciones de seguridad y justicia frente a intereses políticos y redes clientelares. A criterio de la organización, únicamente mediante independencia institucional, investigación científica y profesionalización técnica será posible reducir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.

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