El Ministerio Público de Honduras intensificó este martes sus acciones contra estructuras del crimen organizado al ejecutar un operativo de privación de dominio y aseguramiento de bienes relacionados con la organización denominada “Delta Teams”, la cual operaba en la isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía.
Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Fuerza Naval, como parte de una investigación enfocada en delitos vinculados a trata de personas y asociación para delinquir.
Entre los bienes intervenidos figuran 12 vehículos y dos inmuebles donde funcionaba el complejo “The Dock Resort”. De acuerdo con las investigaciones fiscales, el establecimiento habría operado de forma irregular, ya que no estaba inscrito oficialmente como sociedad mercantil ni como nombre comercial ante las autoridades competentes del país.
Las autoridades identificaron como titulares de los bienes asegurados a Harold Joseph Green Jr., William James Murdock y Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes fueron capturados en abril de 2024 por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser vinculados a una presunta red de explotación sexual comercial.
Según el expediente investigativo, el caso surgió a partir de diligencias desarrolladas por la unidad contra la trata de personas adscrita a la DPI. Conforme avanzaron las pesquisas, los investigadores lograron rastrear propiedades, automotores y otros activos supuestamente adquiridos mediante recursos de origen ilícito.
El Ministerio Público detalló que los bienes habrían sido utilizados para facilitar actividades relacionadas con la estructura criminal, incluyendo operaciones logísticas y presuntas acciones orientadas al ocultamiento de las actividades ilícitas bajo apariencias comerciales legales.
Las investigaciones también apuntan a que la organización empleaba mecanismos societarios y estructuras administrativas aparentemente formales para encubrir la verdadera titularidad de los activos, dificultando así la identificación de los beneficiarios finales y el rastreo financiero de las operaciones.
Las autoridades hondureñas mantienen abiertas las investigaciones y no descartan nuevas acciones judiciales relacionadas con este caso. En los últimos años, Honduras ha reforzado operativos contra redes dedicadas a la trata de personas, especialmente en zonas turísticas donde organismos internacionales han advertido riesgos de explotación sexual y crimen organizado transnacional.
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