La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), dependencia del Ministerio Público, citó a varios integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para que comparezcan este miércoles y rindan declaración en el marco de una investigación por presuntas actuaciones ilegales cometidas durante el ejercicio de sus funciones legislativas.
Entre los señalados en las líneas de investigación figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a otros miembros de la Comisión Permanente que habrían participado en decisiones consideradas fuera de los límites establecidos por la Constitución de la República y las leyes hondureñas.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, las diligencias abarcan a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de dicha comisión legislativa. Algunos de los implicados continúan desempeñándose como diputados del Congreso Nacional, por lo que el proceso se desarrollará bajo el procedimiento especial aplicable a funcionarios con fuero.
Entre los congresistas citados destacan Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, las autoridades permanecen a la espera de que otros parlamentarios definan fecha, hora y lugar para rendir declaración.
Entre quienes aún deben coordinar su comparecencia ante fiscales figuran Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña, todos relacionados con las investigaciones que impulsa la FETCCOP.
Las pesquisas fiscales se concentran en resoluciones y actuaciones aprobadas por la Comisión Permanente durante períodos específicos en los que, según los indicios recabados por el Ministerio Público, se habrían excedido las facultades legales y constitucionales otorgadas a este órgano del Poder Legislativo.
El Ministerio Público detalló que entre los posibles delitos investigados figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos vinculados a la administración pública. Las autoridades no descartan ampliar las acciones penales conforme avancen los análisis técnicos y la recopilación de pruebas documentales y testimoniales.
Este nuevo proceso investigativo ocurre en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos sobre la legalidad de varias actuaciones impulsadas desde el Congreso Nacional en los últimos años, particularmente en torno al alcance de las facultades de la Comisión Permanente y el uso de mecanismos legislativos extraordinarios.
