La Fiscalía General de la República de Honduras informó que el juicio oral y público contra Gilbert Reyes ha concluido, quedando el fallo programado para el próximo 19 de mayo a la 1:30 de la tarde.

El proceso judicial, desarrollado en Roatán, gira en torno al femicidio agravado de Dione Beatriz Solórzano y los asesinatos de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, un caso que ha generado fuerte impacto en la opinión pública.

Durante el debate, la Fiscalía Local de Roatán presentó una reconstrucción técnica de los hechos con el objetivo de ubicar al acusado en los momentos clave antes, durante y después del crimen.

Entre los elementos probatorios destacan más de 100 medios de prueba, incluyendo análisis forenses, estudios balísticos, evidencia digital y material audiovisual.

En particular, se expusieron al menos 27 registros audiovisuales que, según la acusación, documentan el recorrido de las víctimas y el imputado desde distintos puntos de la isla hasta el sector de French Key, donde posteriormente fueron encontrados los cuerpos dentro de un vehículo.

La Fiscalía también presentó evidencia sobre el desplazamiento del acusado hacia el aeropuerto de la isla y su salida de Roatán pocas horas después de los hechos, lo que forma parte de la línea de investigación.

En el ámbito pericial, los análisis balísticos y biológicos determinaron que los disparos fueron realizados a corta distancia desde la posición del conductor del vehículo, un elemento clave en la teoría del caso.

En el caso específico de Dione Solórzano, los peritos concluyeron que una de las heridas correspondía a un disparo de contacto, lo que refuerza la hipótesis de proximidad entre víctima y agresor.

Asimismo, se incorporaron pruebas relacionadas con manchas de sangre encontradas en una prenda atribuida al acusado, así como estudios de telefonía que ubican a las víctimas en el lugar donde fueron abandonadas.

Otro punto relevante fue la extracción de información digital, mediante la cual se identificaron búsquedas relacionadas con el caso realizadas desde el dispositivo del imputado meses antes del proceso judicial.

Con la presentación de conclusiones finales por ambas partes, el caso entra en su etapa decisiva, quedando pendiente únicamente la lectura del fallo que determinará la responsabilidad penal del acusado.