La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles en Tegucigalpa su primer informe de “Monitoreo Ciudadano al Plan de Gobierno - Los primeros 100 días”, un análisis técnico que evalúa el desempeño inicial de la administración del presidente Nasry Asfura.

El documento examina el cumplimiento del plan gubernamental “¡Juntos Vamos a Estar Bien!”, confrontando las promesas oficiales con la realidad nacional mediante una revisión de indicadores y análisis documental.

Uno de los principales hallazgos apunta a una debilidad estructural en la formulación de los planes de gobierno en Honduras, los cuales —según ASJ— suelen elaborarse más como un requisito electoral que como una hoja de ruta técnica sustentada en evidencia.

El informe advierte que esta falta de rigor retrasa la implementación de soluciones para sectores vulnerables, perpetuando problemas históricos que afectan la gobernabilidad y el desarrollo social.

A 100 días de gestión, el análisis —respaldado por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional— señala que factores como el clientelismo, la corrupción y una lenta instalación del aparato estatal han limitado la capacidad del gobierno para generar resultados tangibles.

En materia de transparencia, el informe revela que durante 2025 se registraron 2,148 denuncias de corrupción, pero únicamente seis concluyeron en condenas, evidenciando altos niveles de impunidad en el sistema judicial.

Aunque el plan de gobierno contempla herramientas como el Querellante Adhesivo y la Ley de Colaboración Eficaz, estas iniciativas aún no han sido implementadas ni figuran con claridad en la agenda legislativa.

En el ámbito de seguridad, Honduras cerró 2025 con una tasa de homicidios de 23.8 por cada 100,000 habitantes y una impunidad estimada del 90%. Además, la promesa de incorporar 4,000 nuevos policías anualmente contrasta con una asignación presupuestaria que apenas permitiría contratar a 1,000 efectivos.

El sector educativo presenta avances administrativos, como la continuidad del año escolar y la entrega de materiales didácticos, pero enfrenta un desafío crítico: cuatro de cada diez niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo.

En salud, la situación sigue siendo compleja, con altos índices de mortalidad materna e infantil y una mora quirúrgica que supera los 12,000 pacientes, mientras que las políticas actuales mantienen un enfoque más curativo que preventivo.

El sector energético tampoco escapa a las dificultades. Las pérdidas diarias de aproximadamente 31 millones de lempiras afectan las finanzas públicas, mientras reformas estructurales como la reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúan sin avances significativos.

Ante este panorama, la ASJ propone una serie de medidas orientadas a fortalecer la institucionalidad, entre ellas la creación de un Sistema de Integridad Pública, la implementación de estrategias tecnológicas contra la extorsión y el impulso de una carrera pública basada en la meritocracia.

Como parte de su apuesta por la transparencia, la organización también lanzó la plataforma digital “Gobernómetro”, diseñada para que la ciudadanía pueda monitorear en tiempo real el avance de las acciones gubernamentales.

El informe concluye con un llamado a transformar la gestión pública, subrayando que la medición constante y el uso de evidencia son claves para superar la improvisación y avanzar hacia un modelo de gobierno más eficiente y transparente.