El Ministerio Público de Honduras informó que, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), se logró la imposición de penas que superan los 1,000 años de prisión contra 15 integrantes de la Pandilla 18, responsables de la muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

La sentencia fue dictada durante la audiencia de lectura de fallo, en la que se confirmó la culpabilidad de las procesadas por múltiples delitos, entre ellos asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir, incendio cualificado y porte ilegal de armas.

Entre las principales condenadas figuran Heidy Jackeline Palma Rivera, alias “La Suicida”, y Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, alias “La Pichingona”, junto a otras seis integrantes, quienes recibieron una pena conjunta de 1,288 años y seis meses de prisión.

En otro grupo, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, alias “La Tafi”, Kenia Patricia Salinas Rivera, alias “La Tremenda”, y Karen Lorena Ávila Pavón, alias “La Flaca Ávila”, fueron condenadas a 1,291 años y seis meses de cárcel por delitos similares.

Asimismo, Claudia María Lemus Aceituno, conocida como “Saico”, Cherry Darling Guevara, alias “La Flaca Halloween”, y Susana Godoy Leiva, alias “La Buller”, recibieron las penas más altas: 1,300 años y seis meses de prisión.

Por su parte, María del Carmen Contreras Castillo fue sentenciada a 1,292 años y seis meses de reclusión por su participación en los hechos, que también incluyeron el uso de municiones de uso prohibido.

Las investigaciones, dirigidas por la Sección en Muerte de Estructuras Criminales de la FEDCV, establecieron que el ataque ocurrió el 20 de junio de 2023 dentro del centro penitenciario, en un episodio de violencia extrema que conmocionó al país.

Durante el hecho, las agresoras utilizaron armas de fuego, objetos cortopunzantes y provocaron incendios, generando una de las peores tragedias registradas en el sistema penitenciario hondureño.

El caso evidenció la presencia y el control de estructuras criminales dentro de los centros penales, así como la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad frente a este tipo de ataques.

Con estas condenas, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente contra la criminalidad organizada y reiteran su compromiso de garantizar justicia para las víctimas.

El Ministerio Público subrayó que continuará fortaleciendo las investigaciones y acciones penales contra estructuras delictivas responsables de hechos violentos en el país.