En Tegucigalpa, el Ministerio Público de Honduras anunció el despliegue de una serie de inspecciones a nivel nacional en el marco de la temporada de Semana Santa, con el objetivo de proteger a los consumidores durante uno de los períodos de mayor movilización en el país.

Las acciones son coordinadas por la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM), que ejecuta operativos en distintos puntos del territorio nacional, los cuales se mantendrán activos durante toda la semana.

Como parte del operativo, las autoridades inspeccionan mercados, supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes de comida rápida, cafeterías y hoteles, verificando principalmente el estado de los productos alimenticios de temporada y el cumplimiento de las normas de higiene.

Asimismo, se revisan aspectos como las fechas de vencimiento de los productos, condiciones de almacenamiento y manipulación de alimentos, así como el cumplimiento de las regulaciones sanitarias en piscinas y centros turísticos, espacios que registran alta afluencia de visitantes en estas fechas.

Las inspecciones también se extienden a terminales de transporte público terrestre, donde se supervisa el respeto a los derechos de los usuarios, incluyendo la aplicación de descuentos y el trato digno y preferencial hacia las personas adultas mayores.

Estas acciones se realizan con el acompañamiento de instituciones como la Dirección de Protección al Consumidor, la Agencia de Regulación Sanitaria, la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El Ministerio Público destacó que estos operativos buscan prevenir riesgos a la salud pública, especialmente en una temporada donde aumenta el consumo de alimentos preparados y el desplazamiento hacia destinos turísticos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los comerciantes a cumplir con las normativas vigentes y a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la salud, seguridad e integridad de la población.