Cosenza, legislador del Partido Nacional por Cortés, destacó que el Congreso está adoptando una política de “puertas abiertas” bajo el liderazgo del presidente legislativo, Tomás Zambrano, y que estas reuniones buscan integrar la participación del pueblo en la toma de decisiones que afectan a la salud pública.
El principal objetivo de la reunión fue explorar mecanismos que permitan obtener mejores precios de medicamentos para los pacientes hondureños y considerar cómo la industria farmacéutica podría contribuir al mejoramiento del cuadro básico de medicinas en los hospitales públicos. Cosenza enfatizó que la comisión no está comprometida con ningún comerciante en particular, sino con el bienestar general de la población.
Durante el diálogo también se discutió el potencial de la industria farmacéutica para generar empleo entre jóvenes de 18 a 25 años, a través de acuerdos o convenios que incentiven la contratación de mano de obra en el sector privado, ampliando así oportunidades laborales dentro de un rubro clave para la economía y la salud.
Cosenza señaló que se alcanzaron algunos acuerdos preliminares para evaluar un decreto ya presentado en el Congreso y profundizar el conocimiento del funcionamiento de la industria farmacéutica, con la vista puesta en definir cómo el poder estatal puede apoyar de manera más efectiva a la población.
Por su parte, miembros de Anaprohfar expusieron ante los diputados las limitaciones y desafíos que enfrenta el sector, subrayando que compiten en un mercado altamente regulado y que han tenido dificultades para hacerlo en igualdad de condiciones con productos importados.
José Portillo, quien representó a la asociación en el encuentro, afirmó que la industria farmacéutica “ha sido difícil de operar durante muchos años” y demandó condiciones equitativas para competir en el mercado hondureño e incluso frente a productos provenientes de la región.
Adicionalmente, la industria planteó la necesidad de un fondo blando para inversión que les permita asumir compromisos regulatorios y recuperar incentivos que tenían vigentes en 2010, comprometiéndose a cambio con la creación de empleos y un mayor aporte al desarrollo económico nacional. Los representantes destacaron que la disposición del Congreso a escucharlos es un paso positivo para equiparar las condiciones frente al resto de Centroamérica.
