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Fracasa conciliación entre consejera del CNE y fiscal general: caso pasará a juicio oral
La audiencia de conciliación entre la consejera del CNE, Cosette López, y el fiscal general, Johel Antonio Zelaya, no logró acuerdo, por lo que el proceso judicial derivado de una querella por audios difundidos antes de las elecciones de 2025 continuará en los tribunales.
Por Administrador
Publicado en 16/03/2026 20:22
Honduras

La disputa legal entre la consejera del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Cosette López, y el fiscal general Johel Antonio Zelaya escaló a una nueva etapa luego de que fracasara la audiencia de conciliación celebrada este lunes.

El proceso judicial se origina a raíz de una querella interpuesta por la funcionaria electoral, vinculada a la difusión de audios previos a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, los cuales habrían motivado una investigación impulsada por el Ministerio Público en su contra.

Durante la audiencia, no se logró alcanzar ningún tipo de acuerdo entre las partes, lo que deja el caso encaminado hacia un juicio oral y público, donde se deberán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La consejera López ha sostenido de forma reiterada que no es la persona que aparece en los audios divulgados, cuestionando la veracidad de las pruebas y señalando que será en los tribunales donde se establecerá la verdad.

“No era yo la de esos audios, por lo que tiene que demostrar en un juicio la verdad”, expresó la funcionaria, quien además aseguró que no tiene vínculos con los hechos que se le atribuyen.

Asimismo, enfatizó que el caso debe ventilarse en un proceso transparente: “Ahora tiene que demostrar que eso era verdad, nos vamos a juicio oral y público y ahí saldrá a relucir la verdad, yo no soy una delincuente”, declaró ante medios de comunicación.

Por su parte, el avance del proceso quedará en manos del órgano jurisdiccional correspondiente, que deberá fijar la fecha de la próxima audiencia y continuar con el desarrollo del caso conforme a derecho.

 

Este enfrentamiento judicial ocurre en un contexto político sensible, derivado del proceso electoral de 2025, y podría tener implicaciones tanto en el ámbito institucional como en la percepción pública sobre las autoridades involucradas.

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