WASHINGTON. – El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia con el objetivo de obtener la confiscación definitiva del buque petrolero M/T Skipper y de aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo que transportaba al momento de su incautación en diciembre de 2025.

De acuerdo con la acción judicial, el navío y su cargamento serían susceptibles de decomiso por constituir presuntamente una fuente de financiamiento e influencia para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), incluida su Fuerza Quds, catalogada por Washington como organización terrorista extranjera.

El petróleo incautado habría sido suministrado por Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), empresa estatal venezolana. Las autoridades estadounidenses sostienen que el transporte y comercialización de estos cargamentos formaban parte de un entramado destinado a evadir sanciones internacionales.

La fiscal general Pamela Bondi afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la actual administración ha puesto fin a lo que calificó como una era de financiamiento encubierto a regímenes que representan amenazas para la seguridad estadounidense. Señaló que el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas legales disponibles para desmantelar este tipo de operaciones.

En la misma línea, el director del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, aseguró que la demanda refleja el compromiso de su institución con la aplicación estricta de las sanciones y con la identificación de redes financieras que, según indicó, permiten a adversarios extranjeros financiar actividades terroristas y desestabilizadoras.

Por su parte, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, advirtió que las autoridades perseguirán a los buques que integran la denominada “flota fantasma”, señalados de transportar crudo iraní e ilícito alrededor del mundo para generar ingresos al CGRI y sus aliados.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, destacó que la incautación representa un paso relevante en la interrupción de flujos millonarios hacia organizaciones designadas como terroristas, subrayando que se continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para combatir el financiamiento ilícito.

Desde la División de Seguridad Nacional, el fiscal general adjunto John A. Eisenberg señaló que durante años una red de buques apátridas y con registros fraudulentos habría operado para movilizar petróleo sancionado. Afirmó que la denuncia busca desmantelar esas estructuras y reforzar la aplicación de las medidas restrictivas estadounidenses.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) también participó en el proceso. El director ejecutivo asociado interino John Condon indicó que la investigación permitió exponer una compleja red de evasión de sanciones vinculada a organizaciones terroristas extranjeras.

Según la demanda, entre 2021 y la actualidad el Skipper habría facilitado el transporte y venta de productos petrolíferos en beneficio del CGRI, realizando transferencias de barco a barco y entregas a distintos destinos internacionales. Parte de estas operaciones incluyeron, según se alega, envíos de crudo iraní hacia Siria en 2024 por un volumen aproximado de tres millones de barriles.

Las autoridades sostienen que el buque ocultó sus actividades mediante la falsificación de ubicaciones, el uso de banderas apócrifas y otras tácticas destinadas a encubrir rutas y propietarios reales. En noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ya había sancionado al buque cuando operaba bajo el nombre de “Adisa”.

En noviembre de 2025, el Skipper cargó cerca de 1,8 millones de barriles de crudo en la Terminal José, en Venezuela. Documentos de embarque señalaban que aproximadamente 1,1 millones de barriles estaban destinados a Cubametales, empresa estatal cubana designada por la OFAC en 2019.

El 10 de diciembre de 2025, fuerzas del orden estadounidenses ejecutaron una orden judicial y procedieron a la incautación del petrolero en alta mar. En ese momento, la embarcación presuntamente navegaba bajo una falsa bandera guyanesa, lo que la convertía en apátrida según la acusación. Posteriormente fue trasladada a aguas frente a la costa de Texas.

La investigación está a cargo de la oficina local del FBI en Minneapolis y de la oficina de HSI en Washington D.C., con apoyo adicional desde Nueva York. El litigio es conducido por fiscales federales y abogados especializados en lavado de dinero, narcóticos y control de exportaciones.

Finalmente, el Departamento de Justicia recordó que una demanda de decomiso civil constituye una alegación y que corresponde al gobierno demostrar ante el tribunal que el buque y su cargamento cumplen con los requisitos legales para ser confiscados de manera definitiva.