Un contratiempo registrado dentro de la sala judicial interrumpió este día el desarrollo de la audiencia inicial del denominado caso “Chequesol”, obligando a las autoridades a diferir la diligencia para mañana a las 9:00 de la mañana.

El incidente estuvo relacionado con el secretario del tribunal, situación que impidió continuar con la programación establecida para esta etapa procesal.

Al salir de la sala, el abogado defensor Luis Romero explicó a la prensa que la suspensión no altera la estrategia jurídica de la defensa y aseguró que los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público respaldan su postura.

Romero sostuvo que el comité técnico señalado en el expediente tenía atribuciones limitadas, claramente definidas en el reglamento interno de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Detalló que, conforme al artículo 3 de dicha normativa, el comité únicamente debía recibir los documentos, comprobar que estuvieran completos y trasladarlos a la gerencia administrativa correspondiente.

En ese contexto, afirmó que no existía participación directa del comité en la aprobación de fondos, la emisión de cheques ni en la fiscalización del destino final de los recursos.

Según el defensor, la cadena de responsabilidades continuaba en otras áreas administrativas que asumían la asignación presupuestaria, la entrega de pagos y la supervisión de los proyectos sociales financiados.

El profesional del derecho remarcó que es necesario diferenciar las funciones operativas de las atribuciones decisorias dentro de la estructura institucional para evitar interpretaciones erróneas.

Además, introdujo un planteamiento sobre la responsabilidad de quienes recibieron fondos públicos para ejecutar proyectos comunitarios.

Desde su perspectiva, en un Estado de derecho, las personas que destinaron esos recursos a fines distintos a los aprobados también deberían rendir cuentas ante las autoridades competentes.

“No es un señalamiento personal; es un principio básico de responsabilidad sobre el uso del dinero público”, manifestó Romero, subrayando que el manejo de fondos estatales implica obligaciones claras para cada actor involucrado.

Con la reanudación prevista para este martes, se espera que el tribunal continúe con el análisis de los argumentos y determine los siguientes pasos en el proceso judicial que gira en torno al caso “Chequesol”.