El proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano avanzó esta semana en el Congreso Nacional de Honduras y quedó listo para su tercer y último debate, previsto para los próximos días. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca implementar un régimen extraordinario y temporal de medidas fiscales y financieras durante un período de un año, con el objetivo de restablecer el equilibrio económico del Estado.

Durante el segundo debate, la prosecretaria del Legislativo, Ariana Banegas, informó que la comisión de dictamen emitió su pronunciamiento tras un análisis técnico y jurídico, cumpliendo —según explicó— con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El dictamen abarca los artículos del uno al diez del proyecto.

El artículo primero declara de interés nacional la racionalización del gasto público, habilitando la adopción de medidas fiscales extraordinarias para fortalecer las finanzas estatales. La normativa plantea acciones orientadas a optimizar los recursos y garantizar sostenibilidad presupuestaria en un contexto de presión financiera.

Uno de los puntos más relevantes se encuentra en el artículo tres, que faculta al Ejecutivo a suprimir, fusionar o reducir dependencias de la administración central y entes desconcentrados. La disposición contempla incluso la reducción forzosa de servicios o personal por razones presupuestarias, aunque establece el pago de indemnizaciones conforme a ley y sujeto a disponibilidad financiera.

En cuanto a las demandas laborales y embargos contra el Estado, el artículo cuatro dispone que las sentencias firmes deberán notificarse a la Procuraduría General de la República y a la institución condenada, a fin de que los pagos se ajusten a la disponibilidad presupuestaria. Con ello se pretende evitar afectaciones a compromisos como el servicio de la deuda pública, salarios y funcionamiento institucional.

El proyecto también autoriza a la Secretaría de Finanzas a realizar movimientos entre renglones de gasto corriente y de capital, así como a suscribir convenios con el Tribunal Superior de Cuentas para auditorías preventivas o posteriores. Además, regula el manejo del pasivo de la deuda interna y externa, estableciendo que los contratos de financiamiento deberán contar con la aprobación del Legislativo. La comisión dictaminadora está integrada por diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación.