La diputada liberal por Francisco Morazán, Saraí Espinal, presentó un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal que busca disminuir la edad punible de 18 a 16 años en casos de homicidio, violación, violencia sexual agravada, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, delitos cometidos desde organizaciones criminales y el uso ilegal de armas de fuego.
Como parte de las medidas complementarias, el proyecto establece la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales, de carácter permanente y confidencial, al cual solo podrán acceder autoridades competentes en materia de seguridad y justicia.
El registro incluirá obligatoriamente a todas las personas condenadas mediante sentencia firme por delitos sexuales contra menores, como violación especial, abuso sexual, explotación sexual, pornografía infantil o pedofilia, asegurando un seguimiento exhaustivo de los agresores.
La inscripción será automática una vez ejecutoriada la sentencia, incluyendo datos personales del condenado, fotografías, huellas dactilares, domicilio y hasta información de familiares cercanos, según indica el texto del proyecto.
Quienes figuren en este registro tendrán prohibido acercarse a menos de 300 metros de escuelas, parques infantiles, guarderías, centros de atención a la niñez y cualquier espacio destinado principalmente a menores, durante el tiempo que determine la sentencia.
El proyecto también contempla que, según la gravedad del delito y dictámenes médicos y psicológicos, el juez pueda imponer tratamiento de castración química, administrado bajo estricta supervisión médica y protocolos clínicos, sin afectar otras penas privativas de libertad.
En paralelo, la diputada Espinal presentó la Ley Especial de Inclusión y Atención a las Necesidades Educativas Especiales, orientada a garantizar la inclusión integral y la atención de personas con condiciones que requieren apoyos educativos o especializados, aplicable a todas las instituciones educativas públicas y privadas, así como a organizaciones religiosas y espacios de formación social.
Con esta iniciativa, Espinal busca reforzar la seguridad, la protección de los menores y la inclusión educativa en Honduras, proponiendo medidas que combinan prevención, control penal y derechos educativos, sentando un precedente de regulación integral en el país.
