El diputado del Partido Nacional por el departamento de Yoro, Eder Mejía, aseguró este lunes que el Congreso Nacional de Honduras tiene plena facultad para reformar o derogar leyes, en referencia a la iniciativa que pretende conceder atribuciones transitorias al pleno de los 15 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ).

La propuesta legislativa plantea modificar el artículo 3 del Decreto 282-2010, con el fin de que la CSJ funcione como órgano colegiado mientras se elige el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. El proyecto fue sometido a primer debate el pasado 12 de febrero en el hemiciclo legislativo.

Según Mejía, existe un ambiente favorable para la reforma, ya que distintos sectores del ámbito judicial consideran necesario garantizar mayor transparencia y consensos en la toma de decisiones administrativas y laborales dentro del Poder Judicial.

El parlamentario argumentó que jueces, empleados y fiscales requieren reglas claras que aseguren estabilidad y respeto a la carrera judicial. A su criterio, la intención es evitar decisiones unilaterales o discrecionales en nombramientos y otros procesos internos.

En ese sentido, sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de revisar las actuaciones señaladas y, de ser necesario, introducir ajustes normativos que fortalezcan la institucionalidad judicial. “Es una atribución constitucional establecida en el artículo 205”, enfatizó.

El legislador rechazó que la iniciativa represente una intromisión en el Poder Judicial, al señalar que el Parlamento actúa dentro de sus competencias legales al revisar una ley que originalmente fue aprobada por ese mismo poder del Estado.

Por otro lado, Mejía se refirió a los comentarios en redes sociales sobre un eventual juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya. Indicó que la posibilidad no está descartada, aunque subrayó que cualquier acción de esa naturaleza debe sustentarse en consensos y en el respaldo numérico requerido.

Finalmente, el diputado apuntó que temas como el proceso electoral de 2025 han generado debate público y que el Congreso deberá analizar con responsabilidad cada planteamiento, priorizando la estabilidad institucional del país.