TEGUCIGALPA — En medio de un debate legislativo sobre cambios normativos que afectarían la administración del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, hizo un llamado al Congreso Nacional para instalar una mesa técnica interinstitucional que busque una solución real, constitucional y definitiva sobre la administración judicial.
Obando advirtió que el proyecto de reforma al artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010 —actualmente en discusión en el Legislativo— plantea riesgos jurídicos, operativos e institucionales que podrían comprometer la independencia y eficiencia del Poder Judicial si se aprueba de forma acelerada sin un diálogo profundo entre las partes.
La titular del máximo tribunal hondureño solicitó suspender la aprobación definitiva del proyecto hasta que se realice una revisión técnico-jurídica exhaustiva en la que participen representantes del Congreso Nacional, el Poder Judicial y expertos en derecho constitucional y administrativo.
Entre los puntos que consideró prioritarios para el análisis conjunto están la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, así como la actualización de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, normas esenciales para el funcionamiento interno del sistema de justicia.
Obando subrayó que este llamado no se trata de oponerse a las reformas, sino de construir un proceso participativo que garantice la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución de la República, que consagra la independencia de los poderes del Estado.
El debate ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores jurídicos respaldan la necesidad de diálogo técnico antes de avanzar en cambios profundos, mientras que ciertas voces en el Congreso sostienen que la reforma busca restaurar ciertos mecanismos administrativos previos a 2010.
La solicitud de Obando se da en un contexto de atención pública sobre la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con llamados reiterados para reforzar la institucionalidad democrática y evitar decisiones unilaterales que puedan afectar la percepción ciudadana sobre la justicia.
La mesa técnica interinstitucional que propone la presidenta de la CSJ sería un espacio de diálogo formal para explorar alternativas que permitan consolidar una reforma de Estado que fortalezca la administración de justicia sin vulnerar los principios constitucionales fundamentales.
