La Corte Suprema de Justicia (CSJ) libró este lunes 2 de febrero órdenes de captura contra los exfuncionarios José Carlos Cardona Erazo e Isis Cuéllar, acusados de cometer delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. Según el requerimiento fiscal, los hechos habrían ocurrido durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre los años 2021 y 2025.
El documento oficial de la CSJ instruye de forma expresa “dar inmediata captura” a Cardona Erazo, una orden que también se replicó contra Cuéllar, quien se encontraba en el hemiciclo legislativo al momento de conocerse públicamente la resolución judicial.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso involucra un total de 67 delitos de fraude relacionados con el presunto manejo irregular de L6,032,654.07, fondos destinados al Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán, recursos que habrían sido desviados o utilizados de manera indebida.
El requerimiento fiscal incluye además a otros exfuncionarios del Estado: Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato, Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno.
La CSJ informó que las órdenes de captura aplican a nivel nacional e internacional, acompañadas de alertas migratorias, con el objetivo de garantizar que todos los señalados comparezcan ante la justicia y enfrenten los procesos correspondientes.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el delito principal que se les imputa es fraude, aunque aclaró que será hasta la audiencia de declaración de imputado cuando se conozca con precisión la individualización de los delitos y la totalidad de los hechos.
“Este día ha ingresado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal, el cual fue turnado a la Presidencia y de inmediato se convocó al pleno de magistrados”, informó Silva, destacando la rapidez con la que se activó el procedimiento legal.
El Ministerio Público confirmó que el caso debe ser conocido directamente por la Corte Suprema de Justicia debido a que el requerimiento involucra a altos funcionarios, algunos aún en funciones, convirtiendo este proceso en uno de los expedientes por corrupción más relevantes del actual período gubernamental.
