China aseguró este viernes 30 de enero de 2026 que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas, luego de que el Tribunal Supremo de Panamá declarara inconstitucional el contrato de concesión de los puertos operados por Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

Durante una rueda de prensa en Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que el Gobierno actuará con firmeza para salvaguardar los intereses empresariales chinos, aunque evitó pronunciarse sobre el contenido del fallo judicial panameño o cuestionar de forma directa la independencia del poder judicial.

Guo recordó que CK Hutchison ya expresó su rechazo a la resolución del Supremo, al considerar que “va en contra de la base legal” sobre la cual Panamá aprobó originalmente la concesión portuaria. La empresa, añadió, se reserva el derecho de acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales para defender sus intereses.

Consultado sobre el posible impacto del fallo en la venta global de activos portuarios de CK Hutchison —una operación que incluye más de 40 puertos y que involucra a un consorcio liderado por BlackRock, con participación de Cosco— el Ministerio de Exteriores chino evitó hacer comentarios, remitiéndose exclusivamente a la posición de la empresa.

En relación con eventuales nuevos proyectos portuarios chinos en el entorno del Canal de Panamá, el portavoz señaló no contar con información al respecto, marcando distancia de cualquier interpretación que vincule directamente al Estado chino con decisiones comerciales privadas en la región.

El pronunciamiento de Pekín se produce después de que el Supremo panameño declarara inconstitucional la ley y las adendas que sustentaban la concesión otorgada a Panama Ports, tras demandas apoyadas en una auditoría que detectó irregularidades y presuntos perjuicios económicos para el Estado.

La concesión fue otorgada en 1997 y extendida automáticamente en 2021 por un período similar, en medio de denuncias de corrupción y de condiciones desfavorables para Panamá, que solo posee el 10 % de participación accionaria. La posterior negociación de venta de los puertos fue interpretada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, como una victoria frente a lo que calificó como “control chino” del entorno del canal.

Panamá ha rechazado de forma reiterada cualquier injerencia extranjera en la administración del Canal, por donde transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial. El presidente José Raúl Mulino ha subrayado que la soberanía sobre la vía interoceánica “no está en discusión” y que el canal “es y seguirá siendo panameño”, en respuesta a las amenazas de Trump de “recuperar” la ruta estratégica.