Con un llamado de alerta nacional e internacional, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) alzaron la voz ante la información pública que apunta a una posible disolución de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH). Para ambas organizaciones, esta acción constituiría un hecho de extrema gravedad institucional y un golpe directo al sistema de protección de derechos humanos en Honduras.
Las organizaciones recordaron que la SEDH no es una creación coyuntural ni una concesión política, sino una obligación del Estado hondureño derivada de compromisos internacionales asumidos desde 2010, especialmente en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Suprimirla significaría incumplir recomendaciones reiteradas de organismos del Sistema de Naciones Unidas tras la ruptura del orden constitucional de 2009.
La historia reciente refuerza la advertencia. En 2014, cuando la Secretaría fue degradada a Subsecretaría, la comunidad internacional calificó la medida como regresiva. El Estado se vio obligado a revertirla y restituir su jerarquía, decisión que fue valorada positivamente durante el ciclo del EPU de 2015. Reincidir hoy en ese camino, señalan, evidenciaría desaprendizaje institucional y falta de voluntad política.
Más allá de su rango administrativo, la SEDH cumple funciones estratégicas e irremplazables. Bajo su rectoría operan el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como el Mecanismo de Protección para Personas Desplazadas Internamente por la Violencia.
Debilitar o eliminar la institución que coordina estos mecanismos, advierten ASOPODEHU y JOPRODEH, incrementa el riesgo de daños irreparables, incluyendo atentados contra la vida, la integridad personal y la libertad de quienes se encuentran en situación de riesgo por su labor o condición.
El eventual cierre de la SEDH enviaría una señal política devastadora: que el Estado hondureño retrocede deliberadamente en la protección de los derechos humanos, en abierta contradicción con el principio de progresividad, la obligación de garantía y la prohibición de regresividad consagradas en el derecho internacional.
“Los derechos humanos no son negociables, no son un gasto innecesario y no representan un obstáculo para la gobernabilidad”, subraya el pronunciamiento. Por el contrario, su institucionalización es una condición esencial para la democracia, la estabilidad social y la legitimidad del Estado.
Finalmente, las organizaciones fueron enfáticas: el problema no es la existencia de la SEDH, sino la falta de fortalecimiento técnico, presupuestario y de idoneidad en su gestión, responsabilidades que recaen directamente en el Poder Ejecutivo. Cualquier intento de eliminarla sería interpretado, dentro y fuera del país, como un retroceso consciente en materia de derechos humanos.
