San Salvador. La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista partido Nuevas Ideas, aprobó este jueves la ampliación por 30 días del régimen de excepción en El Salvador. La medida, que entrará en vigencia hasta el 1 de marzo, busca combatir la acción de pandillas y grupos criminales aún activos en el país.

Según el decreto, el régimen de excepción ha permitido desarticular grupos armados y redes criminales, debilitando la capacidad operativa de las pandillas. El gobierno asegura que la medida es necesaria para evitar un retroceso en los avances de seguridad alcanzados en los últimos años.

Desde marzo de 2022, los salvadoreños han vivido bajo un régimen de excepción que ha transformado el panorama de la seguridad. Entre calles más vigiladas y operaciones policiales constantes, más de 91.000 personas han sido detenidas, muchas de ellas señaladas de pertenecer o colaborar con pandillas.

El texto del decreto subraya la colaboración internacional, particularmente con Estados Unidos y otros países vecinos, para capturar a cabecillas de pandillas. La ampliación llega tras recientes ataques en Guatemala, donde el 18 de enero diez policías murieron en acciones coordinadas por la pandilla Barrio 18.

Mientras el gobierno destaca los avances en seguridad, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la suspensión de derechos fundamentales, como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa, así como la ampliación de la detención administrativa a tres días.

El decreto menciona que «la existencia de grupos terroristas, que no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso», justifica la ampliación. También enfatiza que «el contexto regional demanda especial atención, evidenciando un incremento progresivo de la actividad de las pandillas».

Hasta la fecha, el régimen ha registrado más de 91.000 detenciones por presunta relación con pandillas, lo que lo convierte en la medida de seguridad más prolongada y estricta desde la guerra civil salvadoreña, según datos oficiales.

Con esta nueva extensión, el gobierno de Nayib Bukele reafirma su estrategia de mano dura contra la criminalidad. Analistas señalan que, aunque la medida puede mantener la seguridad, también genera tensiones legales y críticas sobre los derechos humanos en el país.