La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESSCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en la capital y en la ciudad de Juticalpa, Olancho, con el fin de capturar a los presuntos integrantes de una red de extorsión y lavado de activos. Las operaciones se desarrollan con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la 115 Brigada de Infantería.

Según las investigaciones, el grupo criminal operaba bajo un patrón claro: llegaban a comercios, intimidaban a los dueños y exigían depósitos semanales a cuentas bancarias registradas a sus nombres. Luego obligaban a las víctimas a enviar los comprobantes de transferencia a un número telefónico utilizado exclusivamente para el control de la extorsión.

Uno de los elementos más alarmantes revelados por la FESSCO es que parte de estas amenazas provenían del interior del centro penal de Támara. Desde allí, los implicados realizaban llamadas con tono intimidatorio, presionando a los afectados para que transfirieran el dinero de inmediato y certificaran el depósito mediante una fotografía del comprobante.

El dictamen financiero elaborado por los peritos del Ministerio Público confirmó los movimientos irregulares en el sistema bancario nacional. Un sospechoso habría manejado más de 23.4 millones de lempiras en créditos y más de 23.2 millones en débitos, utilizando nueve cuentas bancarias y una billetera electrónica para ocultar el origen ilícito del dinero.

Otro de los imputados registró créditos superiores a los 4.9 millones de lempiras y débitos cercanos a los 4.7 millones en los últimos cinco años, utilizando el mismo mecanismo: múltiples cuentas y billeteras digitales para dispersar los fondos y evitar rastreos directos.

Un tercer integrante, según el análisis financiero, no pudo justificar más de 6.4 millones de lempiras que movió dentro del sistema, cifra que coincide con los montos exigidos por la red a propietarios de pequeños y medianos comercios en Tegucigalpa y Olancho.

Las autoridades sostienen que el uso de billeteras electrónicas permitió a esta estructura criminal recibir dinero de manera rápida y sin contacto directo, lo que complicó la identificación de los responsables. Sin embargo, los patrones de movimiento bancario y las denuncias de comerciantes facilitaron el seguimiento.

Con los allanamientos en marcha, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar atacando las modalidades modernas de extorsión. Señaló que la investigación sigue abierta y que las capturas son clave para desmantelar totalmente la red que venía operando a costa del miedo y las finanzas de decenas de negocios.