Un fuerte golpe contra las finanzas del crimen organizado fue ejecutado este martes en el departamento de Valle, donde autoridades policiales y fiscales aseguraron bienes presuntamente vinculados a la estructura criminal conocida como “Los Benjamins”, organización señalada por delitos de extorsión, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la zona sur de Honduras.
La operación fue realizada en el municipio de Nacaome por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), a través de la División Policial de Investigación Financiera (OPIF), en coordinación con el Ministerio Público.
De acuerdo con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), durante las acciones se procedió al aseguramiento de dos inmuebles, varios vehículos y seis productos financieros que, según las investigaciones, estarían vinculados con actividades delictivas.
Las propiedades estarían registradas a nombre de Alex Ortez Argueta, conocido con el alias de “El Tatuado”, así como de integrantes de su núcleo familiar. Las autoridades sospechan que estos bienes habrían sido adquiridos con dinero proveniente principalmente del cobro de extorsiones.
El caso tiene sus antecedentes en mayo de 2018, cuando la entonces Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) capturó a Ortez Argueta junto a Henry José Cálix Ordóñez, alias “El Profe”, quien se desempeñaba como maestro de educación primaria.
Durante aquella operación, resultado de labores de vigilancia y seguimiento, a los sospechosos se les decomisaron armas de fuego y dinero en efectivo, lo que dio paso a una investigación más amplia sobre el origen de los recursos que manejaban.
Posteriormente, las indagaciones fueron ampliadas por la DIPAMPCO, permitiendo identificar vehículos, cuentas bancarias y propiedades que presuntamente formaban parte de un esquema de ocultamiento de capitales vinculados con actividades criminales.
Según las autoridades, la estructura “Los Benjamins” operaba principalmente en el departamento de Valle y utilizaba a familiares o personas cercanas para registrar bienes y manejar recursos financieros, con el objetivo de encubrir el origen ilícito del dinero. El aseguramiento de estos activos forma parte del proceso de privación de dominio, una herramienta legal destinada a recuperar para el Estado bienes obtenidos mediante el crimen organizado.
