En un mensaje de marcado tono político y sin espacio para ambigüedades, la presidenta Xiomara Castro anunció que llevará ante la comunidad internacional lo que calificó como un “golpe electoral en curso”. Su declaración se da en un momento de creciente tensión tras las denuncias de manipulación del proceso electoral en Honduras.

Castro afirmó que presentará formalmente la situación ante Naciones Unidas, la Unión Europea, la CELAC y la OEA, insistiendo en que estas instancias deben conocer lo que, a su juicio, constituye un atentado directo contra la democracia hondureña. “La soberanía no se negocia y la democracia no se entrega”, reiteró.

La mandataria, además, lanzó un mensaje contundente al pueblo hondureño al advertir que las elecciones jamás deben aceptarse bajo injerencia, presiones o chantajes. Subrayó que la defensa de la voluntad popular es un deber irrenunciable y que ningún poder puede imponerse por encima del voto ciudadano.

En paralelo a sus señalamientos sobre el proceso electoral, Castro reaccionó al indulto que el presidente estadounidense Donald Trump otorgó al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por organizar un cartel de narcotráfico. Su respuesta fue tajante: “Podrán perdonarle la pena, pero sus delitos y crímenes al pueblo, eso no se olvida”.

Castro sostuvo que el indulto no borra las consecuencias que las acciones de Hernández dejaron en Honduras y que las heridas generadas por el narcotráfico y la corrupción continúan presentes en la memoria colectiva. Señaló que su gobierno no permitirá que la impunidad vuelva a imponerse sobre la justicia.

La presidenta aseguró que su administración brindó todas las garantías necesarias para que las elecciones se desarrollaran con normalidad. Sin embargo, dijo que el pueblo fue sometido a coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular, situaciones que —según ella— marcan un quiebre profundo en el proceso democrático.

Para Castro, estas irregularidades no son simples fallas técnicas, sino acciones deliberadas que buscan alterar el resultado de las elecciones. Por ello insistió en que la comunidad internacional debe intervenir y conocer la gravedad de lo ocurrido.

Finalmente, reiteró que presentará estas denuncias ante organismos multilaterales y espacios de concertación regional. “La soberanía es del pueblo y se defiende con hechos”, afirmó, dejando claro que su gobierno no dará un paso atrás frente a lo que considera una amenaza directa al orden democrático del país.