En un nuevo pronunciamiento que reaviva el debate en Washington y Tegucigalpa, la congresista estadounidense Norma Torres afirmó que el expresidente Juan Orlando Hernández dirigió, desde lo más alto del poder, una estructura criminal que facilitó el ingreso masivo de cocaína hacia Estados Unidos y la región. Según la legisladora, las consecuencias de esas operaciones ilícitas aún se sienten en comunidades enteras marcadas por la violencia y el desarraigo.

Torres puso especial énfasis en que su postura no responde a cálculos políticos ni a agendas partidarias. A su juicio, el reclamo por la captura del exmandatario refleja una exigencia de justicia largamente postergada y una necesidad urgente de reparar el daño sufrido por miles de familias hondureñas durante los años en que operó la red criminal.

La congresista también cuestionó las aparentes consideraciones que, según ella, el presidente Donald Trump continúa brindando a individuos condenados por narcotráfico. Alertó que estas decisiones podrían enviar señales equivocadas y afectar la confianza en las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.

A pesar de esas críticas, Torres insistió en que nada debe interferir con el proceso legal que enfrenta Hernández. Recalcó que las acusaciones, tanto en Estados Unidos como en Honduras, tienen un peso suficiente para garantizar un juicio firme, transparente y ajeno a presiones políticas.

Torres recordó que las víctimas han esperado durante años una respuesta institucional que esté a la altura del daño sufrido. La proliferación del narcotráfico, dijo, no solo deterioró la seguridad interna de Honduras, sino que alimentó redes transnacionales responsables de miles de muertes y desplazamientos.

La congresista reiteró su apoyo a la población hondureña que demanda que Hernández enfrente la ley sin privilegios ni tratos diferenciados. Señaló que el sufrimiento acumulado por familias enteras obliga a que el proceso se conduzca con rigurosidad y total independencia.

En su intervención, Torres remarcó que la corrupción y el tráfico de drogas destruyeron comunidades, instituciones y generaciones enteras. Por ello, afirmó que ya no es tiempo de discursos, sino de acciones concretas para que quienes participaron en esas redes criminales respondan ante la justicia.

Finalmente, la legisladora estadounidense aseguró que continuará respaldando tanto los esfuerzos nacionales como internacionales destinados a garantizar que los responsables rindan cuentas. Para Torres, las víctimas ya han esperado demasiado; ahora, dijo, la obligación moral y política es cumplirles con hechos.