La jornada de este lunes inició con un nuevo golpe en la lucha contra la corrupción institucional: la Fiscalía General confirmó la captura de Dulce María Villanueva, exdirectora de la entonces Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), una figura envuelta en cuestionamientos desde hace más de dos años.

Aunque el Ministerio Público evitó ofrecer detalles específicos del operativo, sí garantizó que el proceso judicial continuará “conforme a ley”, un mensaje que busca subrayar la seriedad del expediente que por meses se fue acumulando entre audios filtrados, testimonios y denuncias ciudadanas.

Villanueva había sido removida de su cargo el 26 de mayo de 2023, luego de que circularan grabaciones que la señalaban de exigir pagos irregulares a empleados de la institución. Aquella filtración detonó una cadena de revelaciones que, con el tiempo, ampliaron las sospechas sobre su gestión al frente de la entidad encargada de velar por la niñez hondureña.

Antes de su destitución, ya pesaban sobre ella dos denuncias formales: un padre y una madre —en casos separados— aseguraron que la exfuncionaria intervino de manera irregular en trámites administrativos, lo que fortaleció la hipótesis fiscal de un patrón de abuso de autoridad.

El Ministerio Público recordó este lunes que la investigación en su contra no es nueva y que el expediente contempla la presunta comisión de cuatro delitos: cohecho, sustracción o inutilización de documentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

La captura fue anunciada por el fiscal general Johel Antonio Zelaya, quien confirmó que Villanueva quedó a disposición de las autoridades competentes tras meses de diligencias investigativas centradas en el manejo administrativo y financiero de la desaparecida Dinaf.

Durante su paso por la institución, Villanueva formó parte de la estructura gubernamental de la administración de la presidenta Xiomara Castro, un período marcado por múltiples denuncias públicas contra distintas dependencias estatales y que abrió espacio para una vigilancia más estricta por parte del Ministerio Público.

Con la aprehensión de la exfuncionaria, el caso entra en una nueva etapa judicial que podría esclarecer la magnitud de las presuntas irregularidades cometidas al interior de una institución que, por naturaleza, debía estar blindada frente a cualquier tipo de corrupción.