La crisis carcelaria en Ecuador vuelve a encender las alarmas. El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) informó este lunes que el número de reos fallecidos en la cárcel de Machala ascendió a trece, en un episodio que se suma a las masacres que han sacudido al sistema penitenciario en los últimos años. El organismo detalló que aún se realizan autopsias y peritajes para determinar la causa oficial de las muertes.

Este nuevo motín estremeció a la provincia de El Oro apenas semanas después de que 31 reclusos fueran asesinados en un violento enfrentamiento entre bandas rivales. La prensa local reportó que, minutos antes del estallido interno, un artefacto explosivo —posiblemente transportado por un dron— detonó en las afueras del penal, maniobra que habría servido para distraer a los agentes y facilitar el ataque dentro de la prisión.

El SNAI confirmó que el artefacto explotó el domingo en las inmediaciones del recinto, a las 16:00 hora local. La detonación generó caos momentáneo y, según versiones preliminares, habría sido utilizada como cortina de humo para permitir el ingreso de armas o facilitar el control de zonas internas por parte de grupos criminales.

La cárcel de Machala ya había sido escenario de hechos atroces en noviembre pasado, cuando 27 reos fueron hallados ahorcados, horas después de que otros cuatro murieran y más de 30 resultaran heridos durante enfrentamientos entre grupos delictivos. En esa misma jornada, un policía también fue atacado. El SNAI catalogó los hechos como una de las mayores escaladas de violencia penitenciaria del año.

Días antes de aquella masacre, el país contabilizaba otros 12 fallecidos en tres cárceles diferentes: seis en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, cuatro en el Centro de Rehabilitación de Turi en Cuenca y dos más en el penal de Esmeraldas. Aunque en el caso de la Penitenciaría el SNAI reportó “muertes naturales”, los decesos evidenciaron las precarias condiciones sanitarias, pues varias víctimas padecían tuberculosis.

La violencia en los centros penitenciarios se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Desde 2021, más de 600 reclusos han sido asesinados, la mayoría en masacres protagonizadas por bandas rivales que disputan territorios, rutas y poder dentro de las prisiones.

Ante esta situación, el Gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene militarizadas algunas cárceles y otras bajo control de la Policía Nacional, amparado en la declaración de “conflicto armado interno” emitida en 2024. La estrategia busca frenar el dominio de las organizaciones criminales que han extendido su violencia desde los centros penitenciarios hacia las calles del país.

Los datos oficiales confirman que 2025 ha sido aún más crítico: solo en el primer semestre se registraron 4,619 homicidios, un aumento del 47% respecto al mismo período de 2024. Esta tendencia refuerza los temores de que Ecuador continúa encabezando los índices de violencia en Latinoamérica y que la crisis carcelaria es apenas uno de los frentes más visibles de un conflicto que se intensifica.