La muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz, recluido en el centro de detención de El Helicoide, desató una nueva tormenta diplomática este domingo. El Gobierno de Estados Unidos calificó el hecho como una muestra más de la "naturaleza vil del régimen criminal" de Nicolás Maduro y advirtió sobre las condiciones en que se encuentran los disidentes encarcelados.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, a través de un mensaje en X, sostuvo que la muerte de Díaz —a quien la oposición considera preso político— ocurrió en un “centro de tortura”, una acusación que eleva la presión internacional sobre Caracas en medio de una creciente tensión regional. Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo la justificación de combatir el narcotráfico, movimiento que el Gobierno venezolano interpreta como una amenaza destinada a precipitar un cambio de poder.
Por su parte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela aseguró que Díaz falleció a causa de un infarto, versión que coincide con los reportes iniciales de varias ONG. Sin embargo, los principales líderes opositores, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, rechazaron la explicación oficial y afirmaron que se trata de un nuevo caso dentro de un “patrón sostenido de represión estatal”. Ambos denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto bajo custodia desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Machado y González Urrutia responsabilizaron directamente al Gobierno de Maduro por la integridad y la vida de Díaz, argumentando que su muerte no puede considerarse un hecho común, sino la consecuencia de un sistema que mantiene a opositores “arbitrariamente secuestrados” en instalaciones del Sebin.
Díaz, figura destacada de Acción Democrática, fue detenido en noviembre de 2024 tras cuestionar públicamente la falta de publicación detallada de los resultados electorales y denunciar la crisis eléctrica que afectó al estado Nueva Esparta. Sus señalamientos se produjeron en un contexto político especialmente convulso, marcado por acusaciones de fraude electoral y persecución contra voces disidentes.
La muerte del exgobernador profundiza la desconfianza entre Caracas y la comunidad internacional, mientras organizaciones de derechos humanos exigen transparencia y una investigación independiente sobre lo ocurrido. El escenario político venezolano vuelve a encenderse, con un régimen acusado de endurecer la represión y una oposición que denuncia que la lista de víctimas sigue creciendo.
