En la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30), celebrada en Belém, Brasil, un coro de voces activistas se ha alzado para reclamar lo que consideran el paso más urgente en la lucha climática: un tratado global para poner fin a la extracción de combustibles fósiles. 

Líderes indígenas, movimientos ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil han advertido en múltiples intervenciones que la ventana para una transición justa se está cerrando. “Si continuamos extrayendo hidrocarburos, nos exterminaremos a nosotros mismos”, dijo Olivia Bissa, dirigente de la nación Chapra en el Amazonas peruano.

La “Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative” —una propuesta apoyada por al menos 17 países según sus promotores— ha sido uno de los puntos centrales de las discusiones en Belém. Su objetivo es articular una hoja de ruta clara para abandonar progresivamente el carbón, el petróleo y el gas.

En paralelo, el sábado 15 de noviembre se vivió un momento simbólico y poderoso: más de 50,000 personas participaron en un “Funeral por los combustibles fósiles”, una intervención artística y política organizada por decenas de organizaciones. El acto incluyó ataúdes gigantes representando carbón, petróleo y gas, figuras de jaguares y una serpiente de 30 metros para reforzar el mensaje de que los combustibles fósiles representan una amenaza real para la vida. 

Pero no todos los actores en la COP30 están dispuestos a comprometerse con un abandono claro de los combustibles fósiles. Según fuentes oficiales, los organizadores del evento han descartado la discusión de un calendario concreto para lograr ese objetivo. 

Esa decisión ha encendido la indignación de los manifestantes, que consideran que sin una hoja de ruta ambiciosa, las negociaciones corren el riesgo de quedar en promesas vacías. 

Por si fuera poco, la presencia del lobby fósil en la COP se ha vuelto un tema polémico: según reportes, más de 1,600 representantes de la industria del petróleo, gas y carbón han sido acreditados para participar en las conversaciones climáticas, una cifra que ha desatado acusaciones de “captura corporativa” del proceso. 

 Organizaciones como ESCR-Net también han denunciado la proliferación de “soluciones falsas” durante las negociaciones: esquemas de geoingeniería, mercados de carbono y mecanismos que permiten a las empresas contaminantes seguir operando sin rendir cuentas reales