Tegucigalpa, 09 de septiembre de 2025. – El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), informó que dos exempleadas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fueron sentenciadas tras aceptar su responsabilidad en el desfalco millonario perpetrado bajo el esquema denominado “Planillas Fantasmas”.
Las imputadas, identificadas como Suyapa Carranza Rodríguez y Elina Yessenia Bonilla López, se desempeñaban en el Departamento de Compensación Salarial. De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2024 manipularon el sistema de personal del IHSS para incluir nombres de supuestos médicos sustitutos que, en realidad, eran amas de casa y jornaleros sin vínculo alguno con la institución.
A través de un procedimiento abreviado, ambas reconocieron su participación en la estafa y fueron condenadas a tres años con nueve meses de prisión, además del pago de una multa de 1.7 millones de lempiras y la inhabilitación absoluta por un periodo de siete años y seis meses.
El fraude permitió que falsos médicos cobraran salarios sin haber trabajado nunca para el Seguro Social. Según los expedientes, esas personas acudían a agencias bancarias y autobancos para retirar el dinero en efectivo, el cual posteriormente era distribuido entre terceros y encubierto mediante pactos de silencio.
Este caso no es aislado. Hasta la fecha, el MP ha logrado que 14 personas más sean condenadas bajo la misma modalidad, todas vinculadas al esquema fraudulento que drenó recursos vitales del sistema de salud pública.
La contundencia de las pruebas presentadas por los fiscales de FETCCOP fue determinante para que las procesadas aceptaran su culpabilidad, evitando así la prolongación del juicio y reafirmando la responsabilidad penal de quienes abusaron de su cargo público.
Las autoridades judiciales reiteraron que la corrupción en el IHSS ha causado un daño profundo al pueblo hondureño, al desviar fondos que estaban destinados a la atención médica de miles de derechohabientes.
Con este fallo, el MP subrayó que la lucha contra la corrupción se mantiene firme y sin privilegios, garantizando que cada responsable de actos ilícitos enfrente la justicia y que los recursos del Estado sean protegidos con rigor.