Tegucigalpa, 24 de agosto de 2025 —
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) del Ministerio Público logró que se dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., por su implicación en un millonario fraude al Estado de Honduras vinculado al suministro de tarjetas PVC para licencias de conducir.
Mayorga es acusada de los delitos de fraude y lavado de activos, junto a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y exrepresentante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), quien también figura como socio en las empresas involucradas.
Según el requerimiento fiscal, el fraude ocurrió en diciembre de 2021, cuando la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular un contrato por L 18,547,200 a la empresa Plasticards S.A., creada apenas dos meses antes de la adjudicación. Aunque se reportó oficialmente el ingreso de 480 mil tarjetas para la emisión de licencias, solo 258 mil habrían llegado al país, generando un perjuicio directo contra el erario.
El 22 de enero de 2022, cinco días antes del cambio de gobierno, la Secretaría de Seguridad realizó el pago millonario a Plasticards. Apenas tres días después, Mayorga transfirió 17 millones de lempiras a Inversiones MyM S. de R.L., empresa propiedad de Juan Ramón Molina, quien tenía prohibición legal de contratar con el Estado debido a su cargo público.
La investigación también reveló que, pese a que el contrato fue adjudicado a Plasticards, las tarjetas fueron realmente suministradas por la empresa estadounidense Interamerican Service Unlimited Corp. y traídas al país a través de Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina. Esta triangulación, según la Fiscalía, formaba parte de una estructura para encubrir el origen ilícito de los fondos y facilitar su lavado a través de sistemas financieros en Estados Unidos y Francia.
El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron un esquema de empresas fachada y conexiones internacionales para apropiarse indebidamente de recursos del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, un mecanismo creado originalmente para fortalecer la seguridad pública y que ha sido reiteradamente señalado por ser utilizado para operaciones de corrupción.
El proceso judicial contra Mayorga continuará mientras permanece bajo prisión preventiva, mientras que se intensifican los esfuerzos para asegurar la rendición de cuentas de todos los implicados en el esquema fraudulento.
