Acusan delitos de traición a la patria, sedición, violación de deberes y sabotaje al sistema TREP; piden acción inmediata al Ministerio Público para proteger el cronograma electoral.

Tegucigalpa, 15 de julio de 2025.
Un grupo de ciudadanos interpuso este lunes dos denuncias penales ante el Ministerio Público, señalando graves irregularidades y actos que consideran atentatorios contra el proceso electoral hondureño. La primera denuncia va dirigida contra el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y los consejeros suplentes Karen Patricia Rodríguez Álvarez y Carlos Enrique Cardona Hernández, por la presunta comisión de delitos continuados de violación de deberes de funcionario, traición a la patria, delitos electorales y sedición, en perjuicio de la administración pública, la seguridad del Estado y su integridad territorial.

La segunda denuncia está formulada contra miembros o simpatizantes del partido Libertad y Refundación (LIBRE) que, según los denunciantes, realizaron acciones de bloqueo, amenazas y sabotaje durante un acto clave en el cronograma electoral: la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Bloqueo y amenazas en el CNE

De acuerdo con el documento entregado al Ministerio Público, el pasado 7 de julio, simpatizantes del partido LIBRE tomaron las instalaciones del CNE en el barrio San Felipe, obstaculizando el ingreso de técnicos y personal administrativo, e impidiendo la presentación de ofertas por parte de empresas interesadas en participar en la licitación del sistema TREP.

Los denunciantes afirman que durante la toma se registraron actos de intimidación, amenazas y el uso de instrumentos peligrosos contra personal del CNE y público presente, lo cual forzó la suspensión del evento y provocó retrasos significativos en el desarrollo del cronograma electoral, afectando un componente esencial para la transparencia de las próximas elecciones generales.

Acusan inacción y desinformación de consejeros

La denuncia también señala a Marlon Ochoa, Karen Rodríguez y Carlos Cardona por incumplimiento de sus funciones legales y administrativas. Según el texto, los consejeros se negaron a autorizar enmiendas o prórrogas necesarias para reprogramar la licitación, no asistieron a sesiones convocadas para resolver la situación, y además difundieron información falsa que “socava la confianza ciudadana en el proceso electoral”.

Base legal de la denuncia

El grupo fundamenta sus denuncias en varios artículos de la Constitución de la República, así como en disposiciones específicas del Código Penal, entre ellas:

• Artículos 542 y 544, relacionados con coacción, amenaza electoral y otros delitos electorales, con penas de entre 4 a 6 años de prisión.

• Artículos 499 y 555, que tipifican el abuso de autoridad y la traición a la patria, con sanciones que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión e inhabilitación.

• También invocan principios constitucionales como la soberanía popular, la alternabilidad en el ejercicio del poder y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos.

Exigen acción inmediata del Ministerio Público

Los ciudadanos solicitan que el Ministerio Público admita y tramite de inmediato ambas denuncias, y que ordene las diligencias necesarias para identificar, investigar y sancionar a los responsables. Además, demandan que se tomen medidas de protección al cronograma electoral, para evitar más actos de sabotaje o intimidación que pongan en riesgo la realización de los comicios del 30 de noviembre de 2025.

Llamado a la defensa de la democracia

En su comunicado, los denunciantes hacen un llamado al pueblo hondureño a defender su derecho al voto y a confiar en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral. “La patria nos reclama unidad y vigilancia para que la voz de cada ciudadano se haga escuchar con fuerza y respetuosa determinación”, concluye el texto.

Esta acción marca un nuevo capítulo en la creciente tensión que rodea el proceso electoral de 2025, en medio de denuncias de bloqueos, desacuerdos internos en el CNE y una ciudadanía que exige garantías firmes de que su voto será contado con transparencia y legalidad.