TEGUCIGALPA, HONDURAS. La posibilidad de trasladar a Honduras las estrategias de seguridad implementadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele abrió un nuevo debate sobre la capacidad del Estado hondureño para enfrentar a las organizaciones criminales. El analista y dirigente del Partido Liberal, Ramón Custodio Espinoza, considera que copiar ese modelo no garantiza resultados similares, debido a las particularidades sociales, culturales y geográficas de cada país.

Durante una valoración sobre las reformas legislativas que se impulsan en Honduras para endurecer las acciones contra las estructuras criminales, Custodio planteó que la experiencia salvadoreña debe analizarse con cautela. A su criterio, las condiciones que permitieron desarrollar la estrategia de Bukele no necesariamente están presentes en territorio hondureño, por lo que considera equivocado asumir que las mismas decisiones producirán idénticos resultados.

El dirigente liberal también rechazó que la diferencia territorial entre Honduras y El Salvador sea suficiente para explicar por qué una política de seguridad podría funcionar en un país y no en otro. En su opinión, el problema hondureño requiere una evaluación más profunda, que tome en cuenta las características de las organizaciones delictivas, la capacidad institucional y, especialmente, la disposición de las autoridades para enfrentar a quienes operan al margen de la ley.

Uno de los principales cuestionamientos de Custodio está relacionado con la aplicación del ordenamiento jurídico. Según manifestó, Honduras ya dispone de instrumentos legales para perseguir y sancionar las actividades criminales, por lo que atribuir las dificultades exclusivamente a las garantías de derechos humanos desvía la atención del verdadero problema. «El problema no es los derechos humanos», sostuvo, al señalar que la debilidad está en quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones legales.

En esa misma línea, el entrevistado consideró que la falta de determinación de las autoridades termina convirtiéndose en un obstáculo para obtener resultados sostenibles en materia de seguridad. Advirtió que, sin una política de Estado respaldada por decisiones firmes, cada administración continuará presentando nuevas fórmulas para combatir la delincuencia, sin resolver las deficiencias que mantienen vulnerables a las instituciones encargadas de garantizar la tranquilidad de la población.

Custodio insistió en que el debate no debe limitarse a reproducir las medidas adoptadas por Bukele ni a discutir si Honduras tiene mayor extensión territorial que El Salvador. Para él, la discusión central debe enfocarse en la capacidad de las instituciones hondureñas para actuar contra las estructuras delictivas y evitar que sus integrantes continúen operando con impunidad. En ese contexto, afirmó que la población conoce la gravedad de la inseguridad y también sabe que existen leyes para enfrentarla.

Otro de los puntos que destacó fue la necesidad de depurar las instituciones públicas de funcionarios que obstaculizan la aplicación de la justicia o permiten que las estructuras criminales mantengan espacios de influencia. «Sí hay que quitar las manzanas podridas, pero para quitar las manzanas podridas usted necesita voluntad política», expresó. Con esta declaración, puso sobre la mesa la responsabilidad de las autoridades en la identificación y separación de quienes incumplen sus deberes.

Las declaraciones se producen en medio de una ofensiva legislativa en Honduras que busca fortalecer las herramientas del Estado contra las organizaciones criminales. En septiembre de 2026, el Congreso Nacional impulsó reformas para ampliar las facultades operativas e investigativas de los cuerpos de seguridad, endurecer disposiciones penales y establecer nuevas medidas contra las estructuras consideradas terroristas. La estrategia ha sido presentada por sus promotores como una alternativa para combatir el crimen organizado sin recurrir necesariamente a un nuevo estado de excepción.