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Honduras traslada a 533 de reclusos de La Tolva a Támara en operativo conjunto de seguridad
La ATIC informó sobre una movilización penitenciaria de 533 personas privadas de libertad desde el centro penal La Tolva, en Morocelí, hacia las instalaciones de máxima seguridad de Támara, Francisco Morazán. La operación contó con la participación de organismos de investigación, fuerzas policiales y militares, como parte de las acciones para reorganizar y reforzar el control del sistema penitenciario hondureño.
Por EL REPORTERO HONDURAS
Publicado en 02/11/2026 18:48
Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un amplio despliegue de seguridad acompañó este lunes 2 de noviembre el traslado de cientos de personas privadas de libertad desde el centro penitenciario La Tolva, ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso, hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) informó que en el procedimiento participaron distintas instituciones del Estado, como parte de una operación coordinada para fortalecer el control de la población penitenciaria.

Según el reporte divulgado por la ATIC, la movilización comprendió a 533 internos pertenecientes a estructuras identificadas por las autoridades como organizaciones terroristas. El desplazamiento se realizó bajo un dispositivo de seguridad que contempló la intervención de equipos especializados y custodios penitenciarios, con el propósito de mantener el orden y evitar incidentes durante las diferentes etapas del recorrido.

La operación reunió a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Dirección de Apoyo Estratégico y Tácticas Especiales (DAET), la Policía Militar, la Policía Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales y personal de custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INP). La participación de estas unidades permitió distribuir las responsabilidades de vigilancia, protección y control durante el movimiento de los reclusos desde el establecimiento de Morocelí hasta su nuevo destino.

El traslado se produce en medio de una reorganización de los centros penitenciarios hondureños, impulsada por las autoridades para separar a los internos de acuerdo con su clasificación y presunta vinculación con estructuras criminales. La intención institucional es concentrar a las personas señaladas por pertenecer a organizaciones delictivas en espacios con mayores controles, mientras se busca reducir la sobrepoblación y mejorar la distribución de los privados de libertad en los establecimientos del país.

Uno de los factores que habría motivado esta movilización es la situación de hacinamiento que enfrenta La Tolva. De acuerdo con declaraciones del director del INP, Walter Amador Lacayo, ese establecimiento albergaba aproximadamente 1,800 internos, pese a que su capacidad máxima es de unas 1,200 personas. El funcionario explicó que el objetivo de la reubicación también es retirar a quienes no pertenecen a maras y pandillas, para reorganizar la población que permanecerá en ese recinto penitenciario.

La información divulgada por otros medios de comunicación, con base en declaraciones del INP, presenta una cifra diferente para el operativo: 567 personas trasladadas, de las cuales 555 no pertenecerían a estructuras criminales y 12 estarían identificadas como integrantes de organizaciones designadas terroristas. Esta diferencia respecto a los 533 reportados por la ATIC requiere una aclaración oficial para establecer el balance definitivo de la movilización y la clasificación de los internos.

El movimiento también coincide con la habilitación de módulos especiales de máxima seguridad en distintos establecimientos penitenciarios. Según información divulgada por las autoridades, estos espacios están destinados a personas acusadas de asociación terrorista y cuentan con vigilancia permanente, infraestructura reforzada y restricciones especiales de comunicación. La estrategia busca impedir que las organizaciones criminales continúen coordinando extorsiones, homicidios y otras actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.

Desde la ATIC se destacó que el operativo refleja la capacidad de coordinación entre las instituciones estatales y el compromiso del Ministerio Público con el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria. Sin embargo, la efectividad de estas medidas también dependerá de que los procedimientos de clasificación, custodia y reclusión se desarrollen conforme a la legislación vigente, garantizando la integridad y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La reorganización del sistema carcelario representa así uno de los principales desafíos de la política de seguridad hondureña.

 

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