Reportaje de investigación | EL REPORTERO HONDURAS

La crisis del sistema público de salud hondureño ya no puede explicarse únicamente por el conflicto generado alrededor de los salarios atrasados de los médicos. Cuatro semanas de asambleas informativas han llevado el problema hasta las puertas de los hospitales y han dejado una cifra que resume parte de la dimensión humana del enfrentamiento: más de 12,500 consultas externas suspendidas en el Hospital Escuela.

Pero detrás de esa cifra existe un escenario mucho más complejo. En los últimos meses se han acumulado reclamos relacionados con contratación de personal, interinatos, reasignaciones, medicamentos, insumos, quirófanos, mora quirúrgica, ejecución presupuestaria y funcionamiento administrativo.

El conflicto también ha colocado en el centro de la discusión una decisión adoptada desde el inicio de la administración de Nasry Asfura: el propio presidente decidió asumir la conducción de la Secretaría de Salud, acompañado por dos viceministros.

La decisión fue cuestionada desde enero por el Colegio Médico de Honduras, que solicitó el nombramiento de un secretario de Estado especializado y planteó objeciones sobre la concentración de la conducción de la institución en la figura presidencial.

Asfura no es médico. Su trayectoria profesional está vinculada principalmente a la construcción y la actividad empresarial, y su perfil público también registra estudios de Ingeniería Civil que no concluyó. Esto, por sí mismo, no determina la capacidad administrativa de un gobernante para dirigir una institución; sin embargo, se ha convertido en uno de los argumentos utilizados por sectores sanitarios para reclamar una autoridad especializada al frente de la Sesal.

La controversia dejó de ser exclusivamente gremial cuando surgieron voces dentro del propio Partido Nacional reclamando una modificación en la estructura de conducción de Salud. El diputado Roberto Cosenza, quien anteriormente ocupó una subsecretaría en la Sesal, pidió recientemente a Asfura nombrar un ministro de Salud con conocimientos técnicos, científicos y administrativos sobre el funcionamiento de la institución.

Cosenza vinculó parte de las dificultades actuales con los procesos administrativos utilizados para pagar salarios y atender las obligaciones del personal. Según su planteamiento, la Secretaría se ha convertido en un cuello de botella para resolver distintos trámites relacionados con médicos contratados e interinos.

El reclamo no procede únicamente del sector médico. En septiembre, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, también exigió el nombramiento de un ministro de Salud.

El dirigente de enfermería denunció problemas en procesos de reasignación y reclasificación, así como la existencia de más de 350 estructuras disponibles para nombramientos que, según afirmó, todavía no habían sido ocupadas.

Orellana sostuvo además que el sistema necesita más de 3,000 auxiliares de enfermería y cuestionó que, paralelamente a esa necesidad de personal, se hayan producido despidos y movimientos laborales.

La situación del recurso humano tiene una dimensión adicional. La propia Secretaría de Salud, con acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, desarrolló en septiembre un diálogo nacional dedicado a identificar problemas de gobernanza, formación, regulación, empleo y condiciones laborales del personal de enfermería.

Eso significa que el debate sobre la conducción de Salud ocurre mientras la institución enfrenta un desafío estructural para disponer de suficiente personal, distribuirlo adecuadamente y mantener condiciones laborales que permitan sostener los servicios.

En el caso de los médicos, el Gobierno sostiene que ha logrado cancelar el 95 % de los salarios atrasados. La Sesal informó que aproximadamente 6,480 profesionales ya habían recibido sus pagos y que alrededor de 370 permanecían pendientes.

Sin embargo, la cifra gubernamental no ha cerrado el conflicto. El Colegio Médico sostiene que todavía existen casos pendientes y ambas partes acordaron cruzar sus bases de datos para determinar exactamente quiénes continúan sin recibir sus remuneraciones.

La reunión prevista para el 2 de octubre adquiere así especial importancia. No se trata únicamente de establecer un porcentaje de cumplimiento, sino de identificar individualmente los expedientes pendientes y determinar si las diferencias obedecen a falta de pago, problemas documentales o procesos administrativos.

Mientras ese proceso continúa, los pacientes siguen absorbiendo parte del costo de la disputa.

En el Hospital Escuela, 24 días de asambleas informativas dejaron más de 12,500 consultas externas sin brindar. La cifra equivale a cientos de citas que tuvieron que ser suspendidas o reprogramadas durante casi cuatro semanas.

La situación, sin embargo, no significa que el Hospital Escuela haya quedado completamente paralizado. Las áreas críticas y de emergencia han continuado funcionando y las autoridades reportaron que las cirugías electivas mantienen su programación.

De acuerdo con la dirección del centro asistencial, se estaban programando alrededor de 25 pacientes diarios para procedimientos quirúrgicos. La prioridad, por tanto, ha sido mantener aquellos servicios cuya interrupción podría representar un riesgo inmediato para los pacientes.

El problema está en la consulta externa, donde miles de personas que ya tenían una cita programada han tenido que regresar a sus hogares o esperar una nueva fecha.

Para algunos pacientes, una cita médica no representa simplemente una fecha en una agenda. Implica transporte, alimentación, tiempo de trabajo perdido y, en numerosos casos, viajes desde municipios alejados de Tegucigalpa.

Ese costo social convierte la disputa salarial en un problema de salud pública. El salario pendiente puede ser recuperado posteriormente; una consulta que no se realizó puede significar, en cambio, retrasar un diagnóstico, modificar un tratamiento o prolongar la espera de un paciente.

A este escenario se suma la discusión sobre medicamentos e insumos. Durante el año se han documentado cuestionamientos y denuncias sobre problemas de abastecimiento en distintos establecimientos, incluso mientras las autoridades han reportado avances generales en la disponibilidad de medicamentos.

La Organización Panamericana de la Salud también ha acompañado a Honduras en una evaluación de la cadena de suministro de medicamentos, incluyendo almacenamiento, distribución, inventarios y otros componentes logísticos. El hecho de que exista ese proceso evidencia que el abastecimiento no depende únicamente de comprar medicamentos, sino de que estos lleguen oportunamente al lugar donde son necesarios.

La diferencia entre el promedio nacional de abastecimiento y la disponibilidad de un medicamento específico en un hospital constituye uno de los puntos que deben ser examinados con mayor precisión. Un porcentaje global favorable no necesariamente significa que cada paciente encuentre el medicamento que necesita en el momento en que lo necesita.

La mora quirúrgica representa otro de los grandes capítulos de esta crisis.

La administración ha reportado más de 10,000 cirugías realizadas durante sus primeros seis meses y la recuperación de 101 quirófanos, cifras que atribuye a la recuperación de la capacidad operativa de la red pública.

Pero existe otra estadística que obliga a mirar el problema desde una perspectiva diferente. El mecanismo especial creado para atender parte de la mora quirúrgica mediante proveedores privados había registrado, hasta agosto, 405 intervenciones y un gasto superior a 26 millones de lempiras, según datos revisados del Portal de Transparencia.

Las cifras no son necesariamente contradictorias porque corresponden a mecanismos distintos. Las más de 10,000 operaciones reportadas por el Gobierno corresponden a la red pública, mientras que las 405 intervenciones corresponden al mecanismo específico de atención de la mora mediante establecimientos privados.

Lo que sí permanece como interrogante es la magnitud real de los pacientes que continúan esperando una operación y cuánto tiempo llevan en esa condición.

El propio Gobierno ha manejado estimaciones de entre 16,000 y 20,000 cirugías pendientes, mientras que otras cifras divulgadas por representantes médicos han utilizado parámetros diferentes para contabilizar la mora y las listas de espera.

Esa diferencia demuestra la necesidad de contar con un registro único, actualizado y verificable de pacientes, procedimientos pendientes, tiempo promedio de espera y cirugías realizadas.

En febrero, además, fue aprobada una emergencia sanitaria que incluyó un fideicomiso de 500 millones de lempiras destinado, entre otros objetivos, a medicamentos, insumos, quirófanos y reducción de la mora quirúrgica.

El mecanismo ha generado cuestionamientos sobre su velocidad de ejecución y sobre la información disponible para verificar los resultados.

Una revisión publicada en septiembre señaló que, ocho meses después de declarada la emergencia, no se habían presentado formalmente al Congreso los informes trimestrales que la normativa establece para evaluar resultados como cirugías realizadas, abastecimiento por hospital y tiempos de espera.

Otra revisión había documentado que los 500 millones de lempiras fueron transferidos al fideicomiso administrado por Banco de Occidente, mientras que la ejecución de procedimientos y las compras de medicamentos avanzaban a un ritmo considerablemente menor que la dimensión del problema sanitario.

Este punto merece seguimiento periodístico y fiscalizador. No basta con conocer cuánto dinero fue autorizado o transferido. La pregunta fundamental es cuánto se ha convertido efectivamente en medicamentos disponibles, cirugías realizadas, quirófanos habilitados y pacientes atendidos.

También resulta necesario distinguir entre una denuncia o cuestionamiento sobre la ejecución de los fondos y una prueba de irregularidad. Los datos disponibles permiten plantear preguntas sobre ritmo, transparencia y resultados, pero no permiten por sí solos afirmar que haya existido un uso ilícito de los recursos.

La crisis tampoco se limita a la Sesal.

En marzo, el Poder Ejecutivo declaró por un año el estado de emergencia en el Régimen de Enfermedad y Maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social, debido, entre otros factores, al desabastecimiento de medicamentos y material médico, la mora quirúrgica y dificultades para garantizar servicios esenciales.

La coincidencia temporal de problemas en diferentes componentes del sistema muestra que Honduras enfrenta una dificultad sanitaria que atraviesa instituciones y niveles de atención.

En ese contexto, la discusión sobre quién dirige la Secretaría de Salud adquiere una dimensión institucional. No se trata solamente de un debate sobre títulos profesionales, sino sobre cómo se distribuyen las responsabilidades políticas, técnicas y administrativas dentro de una institución que maneja miles de trabajadores, hospitales, centros de salud, compras, contratos y servicios especializados.

Asfura, por su parte, ha defendido públicamente su decisión de mantener bajo su responsabilidad directa la conducción de Salud y ha señalado que cuenta con personal especializado para atender los aspectos técnicos.

El Gobierno también ha presentado resultados que deben formar parte de cualquier evaluación equilibrada: el pago reportado del 95 % de los salarios atrasados, la recuperación de quirófanos, las cirugías realizadas y las acciones para ampliar la capacidad hospitalaria.

Entre las medidas anunciadas también figura la búsqueda de infraestructura hospitalaria adicional y la adquisición de equipamiento especializado para diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas.

Pero cada avance debe contrastarse con los problemas que permanecen abiertos.

Un sistema puede aumentar el número de cirugías y, simultáneamente, mantener pacientes en listas de espera. Puede elevar su promedio de abastecimiento y, al mismo tiempo, presentar faltantes específicos en determinados hospitales. Puede pagar la mayoría de los salarios pendientes y todavía enfrentar cientos de expedientes sin resolver.

Esa es precisamente la dificultad para medir la verdadera dimensión de la crisis.

No existe un único indicador capaz de describirla.

Está el médico que reclama su salario. Está la enfermera que espera una reclasificación. Está el trabajador que necesita un contrato. Está el hospital que requiere medicamentos. Está el quirófano que necesita insumos y personal. Está el paciente que llega desde lejos y encuentra su consulta suspendida.

Y está el Estado obligado a coordinar todos esos componentes al mismo tiempo.

Por eso, la cifra de más de 12,500 consultas suspendidas en el Hospital Escuela adquiere un significado que va más allá de una estadística de una protesta. Es una expresión concreta de cómo una disputa administrativa termina trasladándose al ciudadano.

La verdadera dimensión de la crisis sanitaria hondureña aparece precisamente cuando todas esas piezas se observan juntas.

No es solamente un problema salarial.

No es únicamente un problema de medicamentos.

Tampoco puede reducirse a la mora quirúrgica, al déficit de personal o a la discusión sobre quién ocupa formalmente la titularidad de la Secretaría.

Es la acumulación de problemas laborales, administrativos, presupuestarios, logísticos y asistenciales que terminan encontrándose en el mismo lugar: el paciente.

Y mientras Gobierno y gremios intentan establecer quién ha cumplido y quién mantiene obligaciones pendientes, miles de hondureños esperan que el sistema vuelva a funcionar con normalidad.

La reunión entre la Sesal y el Colegio Médico prevista para este 2 de octubre podría aportar nuevos datos sobre el número real de médicos pendientes de pago. También permitirá comprobar si el cruce de información logra reducir una de las principales discrepancias que mantiene abierto el conflicto.

Pero incluso si el problema salarial queda resuelto, permanecerán sobre la mesa los contratos, el recurso humano, los medicamentos, la mora quirúrgica, la ejecución presupuestaria, la transparencia del fideicomiso y la capacidad de gestión de la Secretaría.

Ahí estará la verdadera prueba para el sistema sanitario hondureño: no solamente cuánto dinero se paga, cuántas cirugías se anuncian o cuántos quirófanos se recuperan, sino cuánto tarda un paciente en conseguir una cita, recibir un medicamento, obtener un diagnóstico y acceder finalmente al tratamiento que necesita.

EL REPORTERO HONDURAS continuará dando seguimiento a esas cifras, a los acuerdos entre las partes y, sobre todo, a sus efectos sobre los pacientes.