La defensa del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, sufrió un nuevo desaire judicial luego de que la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán declarara inadmisible el recurso de amparo promovido contra actuaciones dentro del proceso que enfrenta.
El recurso constitucional buscaba cuestionar aspectos del procedimiento judicial seguido contra el general retirado, quien enfrenta un requerimiento fiscal por los supuestos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Con la resolución, la Corte ordenó que las diligencias sean remitidas en consulta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá conocer los antecedentes y determinar lo que corresponda conforme al marco constitucional. La decisión fue confirmada por autoridades del Poder Judicial.
El proceso penal tiene su origen en publicaciones y contenidos difundidos durante el período en que Hernández se encontraba al frente de las Fuerzas Armadas. Entre los elementos investigados figura una publicación de mayo de 2025 en el periódico institucional FF AA Digital, además de otros materiales que, según el Ministerio Público, habrían tenido como objetivo desacreditar a periodistas.
La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia presentó el requerimiento fiscal en julio de 2026, después de desarrollar diligencias que incluyeron recopilación de testimonios, análisis de publicaciones digitales y peritajes sobre material audiovisual y contenido difundido en plataformas institucionales.
Los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, entre otros, aparecen vinculados al expediente como personas afectadas por las publicaciones investigadas. En marzo pasado, Rodríguez también presentó una denuncia contra Hernández y exintegrantes de la Junta de Comandantes, alegando presuntas afectaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa, integridad y seguridad de periodistas.
La controversia judicial ha generado además pronunciamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos. ASOPODEHU y JOPRODEH cuestionaron recientemente determinados términos utilizados por un juzgado al regular la presencia de observadores durante una audiencia del caso, al considerar que podían resultar estigmatizantes para periodistas, víctimas y defensores de derechos humanos.
Con el rechazo del amparo en esta instancia, el proceso contra Hernández continúa su curso, aunque la remisión en consulta a la Sala de lo Constitucional abre una nueva etapa de revisión. El exjefe militar mantiene la presunción de inocencia y será la autoridad judicial competente la que determine, conforme avance el proceso, si existe o no responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen.
