Comayagua.— Una investigación policial que se extendió mediante labores de inteligencia, seguimiento y ubicación terminó este lunes con la captura de una mujer de 62 años, señalada por su presunta participación en hechos de violencia sexual cometidos contra una menor de edad. La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la colonia Las Flores, departamento de Comayagua, en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con el expediente investigativo, la sospechosa mantenía un vínculo familiar directo con la víctima, al tratarse de su abuela, y habría incumplido las responsabilidades de protección y cuidado que tenía respecto de la menor. Las autoridades sostienen que, en lugar de impedir los hechos denunciados, presuntamente habría facilitado y permitido de manera reiterada que terceras personas realizaran tocamientos de naturaleza sexual contra la niña. La Policía presentó el caso como parte de sus acciones contra los delitos que afectan a menores.
La investigación atribuye a la mujer, además, un supuesto beneficio económico derivado de su conducta. Según la información policial, habría permitido que las agresiones ocurrieran a cambio de recibir dinero u otras ventajas, una circunstancia que forma parte de los elementos que deberán ser examinados dentro del proceso judicial. Por tratarse de una investigación en curso, las acusaciones corresponden a una imputación preliminar y será el sistema de justicia el encargado de determinar, mediante el debido proceso, si existe responsabilidad penal.
El caso se suma a otras investigaciones recientes en Honduras relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, en las que las autoridades han puesto especial atención no solo en los presuntos agresores directos, sino también en personas del entorno que pudieran haber omitido su deber de protección. En marzo de este año, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia reportó, por ejemplo, una sentencia contra una persona por omisión del deber de impedir delitos, dentro de un conjunto de procesos relacionados con hechos cometidos contra menores.
La respuesta judicial frente a estos casos puede incluir investigaciones especializadas, declaraciones de las víctimas bajo protocolos de protección y la recopilación de otros elementos probatorios que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos. En junio, el Ministerio Público informó sobre una condena de 31 años y seis meses de prisión contra un hombre que admitió responsabilidad por varios delitos sexuales cometidos contra sus dos hijas menores, mientras que otros procesos recientes han terminado con penas de prisión por agresiones sexuales agravadas.
En Comayagua, la Policía Nacional también ha mantenido durante los últimos meses operativos dirigidos a localizar personas con órdenes judiciales por delitos sexuales contra menores. En julio, agentes de la institución capturaron a un hombre de 22 años requerido por un juzgado de la jurisdicción por una acusación relacionada con violación especial agravada y otras agresiones sexuales contra una menor. Estos antecedentes reflejan la atención que las autoridades mantienen sobre este tipo de delitos en el departamento.
Tras concretarse la captura, la mujer fue trasladada y puesta a disposición del órgano jurisdiccional que emitió la orden correspondiente. A partir de este momento, corresponderá al Ministerio Público presentar ante los tribunales los elementos que sustentan la acusación y al juzgado determinar las medidas procesales que correspondan. La condición de imputada no equivale a una condena y la señalada conserva los derechos y garantías establecidos por la legislación hondureña.
El caso vuelve a colocar en primer plano la importancia de proteger a niñas, niños y adolescentes dentro de sus propios entornos familiares y comunitarios. Las instituciones especializadas han insistido en que la denuncia oportuna resulta fundamental para activar los mecanismos de protección e investigación. La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia ha reiterado durante 2026 que mantiene acciones para perseguir los delitos sexuales y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. La investigación en Comayagua continuará ahora en sede judicial para establecer la verdad de los hechos y las responsabilidades que correspondan.
