Tegucigalpa.— Una investigación financiera que comenzó siguiendo el rastro de recursos presuntamente vinculados con la extorsión desembocó este lunes en la Operación Hestia, una ofensiva coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). El Ministerio Público informó que se ejecutan nueve allanamientos de morada y tres inspecciones en distintos puntos de Honduras para desarticular una estructura que habría utilizado el sistema financiero para ocultar dinero procedente de actividades extorsivas.
Las acciones se concentran en Tegucigalpa y Danlí, además de Olanchito, Yoro, bajo la dirección técnica y jurídica de la FESCCO, a través de la unidad fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario. El expediente fue presentado ante el juzgado correspondiente por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, por lo que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las responsabilidades individuales a partir de las pruebas que sean presentadas.
El punto de partida de la investigación habría sido una persona privada de libertad en el centro penitenciario de Támara. De acuerdo con las diligencias de los investigadores, el sospechoso presuntamente continuaba dirigiendo desde prisión actividades relacionadas con el cobro de extorsiones contra diferentes establecimientos comerciales. Para movilizar parte de los recursos, supuestamente se habría utilizado la cuenta bancaria de otra persona investigada, donde los peritos detectaron más de ocho millones de lempiras cuyo origen, según el Ministerio Público, no tendría una justificación lícita.
Ese primer hallazgo llevó a los investigadores a ampliar el análisis hacia otras personas que mantenían vínculos financieros con el principal sospechoso. El seguimiento de las transacciones permitió identificar movimientos considerados atípicos y, posteriormente, los peritos financieros realizaron un análisis más amplio de las operaciones bancarias. El resultado fue la detección de más de 51 millones de lempiras cuya procedencia o justificación económica es objeto de investigación.
La dimensión económica del caso constituye uno de los elementos centrales de Hestia. El objetivo de las autoridades no es únicamente determinar quiénes habrían participado en el cobro de extorsiones, sino establecer cómo se movilizó el dinero, qué cuentas fueron utilizadas, quiénes aparecen como titulares o beneficiarios y qué relación existe entre los movimientos financieros detectados y las presuntas actividades criminales. Precisamente, el seguimiento del dinero es una de las herramientas utilizadas por las fiscalías especializadas para identificar estructuras y ubicar posibles bienes de origen ilícito.
La actuación de FESCCO y ATIC se enmarca en una estrategia que busca atacar la estructura financiera de las organizaciones dedicadas a la extorsión, además de perseguir directamente a quienes realizan las amenazas y cobran el dinero. La Fiscalía ha desarrollado en los últimos meses investigaciones similares en las que ha identificado el uso de cuentas bancarias y billeteras electrónicas para recibir pagos extorsivos; en diciembre de 2025, por ejemplo, una investigación detectó movimientos superiores a 23 millones de lempiras en créditos y débitos asociados a una red de este tipo.
El Ministerio Público también ha intensificado la coordinación con las fuerzas policiales para fortalecer las investigaciones contra la extorsión y sus nuevas modalidades. En julio de este año, FESCCO y la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) anunciaron una estrategia conjunta para reforzar los métodos especiales de investigación, la prueba técnica y la identificación de personas vinculadas con maras, pandillas y otros grupos dedicados a este delito. En otros expedientes recientes, la Fiscalía ha conseguido condenas de hasta 15 años de prisión por extorsión, además de multas y otras penas accesorias.
Con la Operación Hestia, el Ministerio Público busca ahora avanzar sobre la parte financiera del fenómeno: seguir el dinero para debilitar la capacidad económica de quienes presuntamente obtienen ganancias mediante la extorsión y posteriormente intentan incorporarlas al circuito financiero formal. La investigación permanece en desarrollo y los allanamientos deberán permitir la recopilación de documentos, dispositivos, registros y otros elementos que puedan ser incorporados al expediente. Por ahora, las acusaciones corresponden a una etapa investigativa y serán los tribunales los que determinen, conforme al debido proceso, la responsabilidad penal de los señalados. El MP reiteró que continuará utilizando operaciones de este tipo para atacar a las estructuras que operan mediante extorsión, tanto organizadas como independientes.
