La situación judicial de Fernando Cerimedo se complicó este sábado con una nueva decisión de la Justicia boliviana. Después de una audiencia virtual que se prolongó durante aproximadamente seis horas, el juez Douglas Borda ordenó que el consultor político argentino cumpla 180 días de detención preventiva en Chonchocoro, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
La nueva medida cautelar se suma al proceso que ya mantiene al argentino privado de libertad en Palmasola, Santa Cruz, donde cumple otra detención preventiva por la presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller. Esa primera medida fue dictada el pasado 21 de agosto también por un período de 180 días.
El proceso económico contra Cerimedo comenzó a tomar fuerza después de que la Fiscalía de La Paz anunciara que había reunido indicios para imputarlo por enriquecimiento ilícito. Durante allanamientos realizados en propiedades vinculadas al consultor, investigadores reportaron el hallazgo de más de 40.000 dólares, además de otros elementos que forman parte de las pesquisas.
La Fiscalía también investiga las relaciones profesionales y políticas que Cerimedo habría mantenido en Bolivia. El Ministerio Público señaló que el consultor se negó a responder algunas preguntas relacionadas con su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz, quien posteriormente intentó marcar distancia y afirmó que no existía una relación laboral con él, aunque reconoció su participación como asesor durante la campaña y en los primeros momentos de su Gobierno.
Desde su celda en Palmasola, Cerimedo participó de manera virtual en la audiencia celebrada en La Paz y pidió al juez que le permitiera defenderse en libertad. Según medios bolivianos, sostuvo que no tenía intención de escapar y expresó que necesitaba continuar trabajando porque era el principal sustento de su familia. Durante la audiencia también protagonizó momentos de evidente tensión emocional al referirse a sus familiares.
La defensa rechazó los argumentos de la Fiscalía y cuestionó la nueva medida judicial. El abogado Ernesto Giraldes sostuvo que el Ministerio Público no habría demostrado de qué manera Cerimedo causó un perjuicio al Estado y anunció objeciones contra la decisión. Además, expresó preocupación por un eventual traslado a Chonchocoro y afirmó que la integridad física de su defendido podría estar en riesgo.
El nuevo escenario deja al consultor argentino enfrentando dos órdenes de detención preventiva por causas diferentes, mientras continúan otras investigaciones. Además de la acusación por tentativa de feminicidio y el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, medios bolivianos reportan que existen pesquisas adicionales relacionadas con violencia doméstica y una posible vinculación con tráfico de sustancias, aunque estas últimas investigaciones todavía no equivalen a una condena ni determinan responsabilidad penal.
Por ahora, queda pendiente definir cómo se ejecutará la segunda medida y si Cerimedo será trasladado desde Santa Cruz hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz. El caso ha adquirido además una dimensión política regional debido a las conexiones que se le atribuyen con campañas de derecha en Sudamérica y sus vínculos con figuras políticas de Argentina y Bolivia. Mientras avanzan las investigaciones, Cerimedo mantiene su postura de inocencia y su defensa busca revertir las decisiones judiciales.
