Honduras se encuentra ante un proceso de evaluación internacional que podría tener consecuencias importantes para su sistema financiero y el acceso a recursos externos. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este viernes que una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) analiza los avances del país en materia de prevención y combate al lavado de activos y otros delitos financieros.
El proceso adquiere especial relevancia porque una eventual inclusión de Honduras en la denominada lista gris significaría que el país sería colocado bajo un régimen de mayor seguimiento por deficiencias estratégicas en sus mecanismos de prevención financiera. El GAFI aclara que estar bajo monitoreo no implica automáticamente un bloqueo de las operaciones financieras internacionales, sino un proceso de seguimiento para corregir deficiencias identificadas.
Zambrano señaló que Honduras debe continuar atendiendo las recomendaciones internacionales y fortaleciendo su legislación. Entre los avances recientes figura la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, aprobada por el Congreso en junio y publicada posteriormente en La Gaceta, mediante la cual se creó un registro destinado a identificar a las personas naturales que ejercen el control efectivo de empresas y otras estructuras jurídicas.
La nueva normativa responde precisamente a estándares internacionales relacionados con la transparencia corporativa. El marco legal establece que el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales busca contribuir a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada, además de facilitar que las autoridades tengan acceso a información adecuada y actualizada sobre los verdaderos propietarios o controladores de las estructuras jurídicas.
Sin embargo, el presidente del Legislativo sostuvo que todavía existen asuntos pendientes que requieren atención. Entre ellos mencionó la legislación relacionada con lavado de activos y la Ley del Mercado de Valores, además de las iniciativas que el Poder Ejecutivo pueda remitir al Congreso como parte de la respuesta nacional ante la evaluación internacional.
El desafío no se limita a aprobar leyes. La metodología del GAFI establece que las evaluaciones también examinan la efectividad con la que los países aplican las normas, políticas e instituciones destinadas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por ello, Honduras deberá demostrar que las reformas aprobadas se traducen en resultados concretos.
Zambrano adelantó que el Congreso deberá recibir, estudiar y debatir las nuevas propuestas que sean enviadas por el Ejecutivo, con la intención de construir los consensos necesarios para su aprobación. El titular del Legislativo remarcó que el proceso requiere responsabilidad debido a las implicaciones que puede tener una evaluación desfavorable para la imagen financiera del país y sus relaciones con organismos internacionales.
El antecedente inmediato muestra que Honduras ya ha emprendido reformas orientadas a cumplir con los estándares internacionales. La legislación sobre beneficiario final reconoce que una evaluación mutua realizada en 2015 identificó deficiencias importantes en materia de transparencia de personas y estructuras jurídicas.
La preocupación central ahora es demostrar que esos cambios permiten cerrar espacios utilizados para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas. El GAFI publica tres veces al año sus listados de jurisdicciones sometidas a monitoreo reforzado y actualmente Honduras no figura en la lista gris publicada en junio de 2026.
Por ello, el proceso que enfrenta el país representa una carrera contra el tiempo para consolidar las reformas pendientes y demostrar avances verificables. La misión evaluadora deberá considerar tanto el marco jurídico como la capacidad institucional para prevenir, detectar, investigar y sancionar operaciones vinculadas con delitos financieros.
Para el Congreso Nacional, la prioridad será ahora analizar las iniciativas que lleguen desde el Ejecutivo y determinar cuáles requieren aprobación o modificación. Zambrano sostuvo que el objetivo es fortalecer la legislación hondureña y responder a los requerimientos de los organismos internacionales sin comprometer las oportunidades de cooperación y financiamiento externo.
El Gobierno y el Legislativo enfrentan así un desafío que trasciende el debate político: demostrar que Honduras cuenta con herramientas eficaces para combatir el lavado de activos y fortalecer la transparencia financiera. El resultado de la evaluación será determinante para establecer los siguientes pasos del país frente a los estándares internacionales.
