TEGUCIGALPA, HONDURAS.— La primera comparecencia judicial de Roosevelt Hernández dentro del proceso promovido por el Ministerio Público terminó con una resolución que le permitirá enfrentar el caso en libertad. El exjefe militar llegó este miércoles 19 de agosto al Juzgado de Letras Penal para conocer formalmente los cargos que la Fiscalía le atribuye por hechos relacionados con el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.
La decisión judicial establece medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, por lo que Hernández continuará sujeto al proceso penal sin ser enviado a un centro penitenciario. La resolución fue comunicada por la portavoz de los tribunales capitalinos, Bárbara Castillo, después de concluida la audiencia de declaración de imputado.
Uno de los próximos momentos clave del expediente será la audiencia inicial, programada para el 1 de septiembre a las 8:30 a. m. En esa etapa, la Fiscalía deberá avanzar en la exposición de su acusación y la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los elementos presentados en contra del exjefe castrense.
El requerimiento fiscal fue presentado el 29 de julio de 2026 y atribuye a Hernández los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. La investigación se originó en publicaciones realizadas durante 2025 y 2026 desde el medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
Uno de los principales antecedentes incorporados al expediente corresponde a la edición del 26 de mayo de 2025 de FF AA Digital, que publicó un contenido titulado “Sicarios de la verdad”, en el que fueron señalados los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. La Fiscalía sostiene que la difusión del material desde plataformas institucionales habría generado estigmatización y afectado derechos vinculados con la libertad de prensa.
La acusación también contempla otros episodios investigados por el Ministerio Público. Entre ellos figura la colocación, el 1 de agosto de 2025, de mantas en diferentes sectores de Tegucigalpa con mensajes contra periodistas. Según la documentación citada por medios hondureños, las mantas incluían fotografías de comunicadores y fueron reivindicadas por el denominado Movimiento Popular Hondureño.
El caso provocó además una reacción del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que respaldó la investigación fiscal y ha considerado que el proceso debe permitir esclarecer las denuncias formuladas por los comunicadores. La investigación comenzó después de una denuncia presentada por el periodista Dagoberto Rodríguez el 18 de septiembre de 2025.
Por su parte, la defensa de Hernández ha cuestionado la vía utilizada por el Ministerio Público y anteriormente presentó recursos para intentar frenar el requerimiento fiscal. Entre sus argumentos figura la consideración de que el conflicto debió tramitarse mediante una querella y no a través de un requerimiento promovido directamente por la Fiscalía.
Tras la resolución de este miércoles también trascendió que al exjefe militar se le negó el permiso para salir del país. De igual manera, no fue aceptada su solicitud para cumplir la medida de firma en Olancho, por lo que deberá continuar presentándose en Tegucigalpa, según la información conocida después de la audiencia.
El proceso entra ahora en una nueva fase y la atención se trasladará a la audiencia inicial de septiembre. Mientras la Fiscalía deberá sustentar su teoría del caso con los elementos incorporados a la investigación, Hernández mantiene su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine responsabilidad penal.
