TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la ejecución de embargos contra la Cuenta Única del Estado puso bajo escrutinio actuaciones realizadas dentro del Poder Judicial durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. La investigación fue ampliada a ambos años después de que se identificaran actuaciones ejecutivas realizadas en enero de 2025, cuando todavía se encontraba vigente temporalmente el presupuesto de 2024.
El expediente de auditoría tuvo como punto de partida documentación remitida por la Secretaría de Finanzas al TSC en febrero de 2026, luego de una solicitud de la Procuraduría General de la República. El órgano contralor examinó inicialmente 40 expedientes relacionados con embargos ejecutados directamente contra recursos de la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras y posteriormente delimitó distintos grupos de casos para emitir informes separados.
Entre las principales observaciones figura el presunto incumplimiento del procedimiento establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto. Según el TSC, antes de ejecutar un embargo los juzgados debían remitir directamente a la Tesorería General de la República (TGR) el oficio o copia de la sentencia firme, con el propósito de que los montos se ajustaran a la disponibilidad presupuestaria y no comprometieran el servicio de la deuda, los salarios ni la operación de las instituciones públicas.
El alcance de la revisión no se concentró en cuestionar el contenido de las sentencias ni las decisiones jurisdiccionales de los jueces, sino en verificar si el procedimiento administrativo y presupuestario previo a la ejecución de los embargos había sido observado. El TSC señaló que, en los expedientes examinados, no encontró evidencia suficiente de que la documentación hubiera sido remitida oportunamente a la TGR.
En el caso de Choluteca, la investigación incorporó expedientes relacionados con demandas laborales contra la municipalidad y embargos efectuados mediante exhortos o auxilios judiciales. El informe del TSC documenta, entre otros casos, dos expedientes contra la Alcaldía Municipal de Choluteca cuyos montos consignados ascienden a 4.84 millones y 4.71 millones de lempiras, respectivamente; ambos forman parte del universo examinado por el órgano contralor.
La investigación también encontró deficiencias documentales en varios de los expedientes. En algunos casos no fueron remitidas las sentencias, acuerdos conciliatorios o autos formales de embargo; en otros, el soporte disponible se limitaba a la información contenida en los exhortos. El TSC advirtió que esa ausencia de documentación primaria impide contar con una trazabilidad completa de las actuaciones que desembocaron en la retención de fondos públicos.
La magnitud financiera del conjunto revisado también llamó la atención. En uno de los informes correspondientes al período 2024-2025, el TSC estableció que los expedientes analizados consignaban embargos por 888.5 millones de lempiras. De los 12 expedientes examinados en ese informe, el Banco Central certificó que 11 registraban pagos mediante cheques, mientras uno, correspondiente a un monto consignado de más de 864 millones de lempiras, no aparecía como cheque pagado en la certificación revisada.
Las conclusiones del TSC ya provocaron medidas dentro del Poder Judicial. En junio, la Corte Suprema instruyó a los jueces para que las sentencias firmes contra instituciones públicas sean comunicadas directamente a la Tesorería General de la República y a las entidades demandadas, además de exigir expedientes íntegros, cronológicos y documentados. El caso continúa bajo análisis y los hallazgos podrían derivar, según corresponda, en responsabilidades administrativas, civiles o penales, sin que la sola existencia de observaciones de auditoría implique por sí misma responsabilidad penal de una persona determinada.
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