La tensión migratoria entre Marruecos y España vuelve a aumentar a las puertas de Ceuta. El Ministerio del Interior marroquí reclamó este miércoles a las autoridades españolas que aceleren los procedimientos destinados a permitir el regreso de los menores no acompañados marroquíes que permanecen en la ciudad autónoma y que, según Rabat, deberían reunirse con sus familias lo antes posible.

La exigencia marroquí se produce en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales. Rabat sostiene que España debe superar los obstáculos administrativos y judiciales que están dificultando las repatriaciones y reclama que ambos países actúen bajo el principio de responsabilidad compartida.

Detrás de esta nueva disputa se encuentra la crisis registrada a finales de julio, cuando decenas de miles de personas intentaron acceder a Ceuta desde territorio marroquí. Según Reuters, alrededor de 72.000 migrantes llegaron a cruzar durante aquella crisis, que dejó al menos 96 muertos, de acuerdo con el balance citado por la agencia.

El episodio dejó además una importante controversia sobre las cifras. Mientras las autoridades españolas manejaron un número de entradas superior a 70.000 y más de 80 fallecidos en los primeros balances, Marruecos ofreció cifras inferiores. Organizaciones de derechos humanos también han cuestionado las condiciones en las que se produjeron algunas devoluciones posteriores.

Ahora la preocupación se concentra en el 15 de agosto, fecha alrededor de la cual han circulado en redes sociales convocatorias para intentar nuevamente el cruce hacia Ceuta y Melilla. Ante esas llamadas, el Ministerio del Interior marroquí aseguró haber reforzado sus dispositivos y anunció medidas contra quienes promuevan acciones consideradas ilegales.

Rabat informó además de la detención de personas sospechosas de participar en actividades de incitación y advirtió que podrían producirse nuevas actuaciones judiciales contra quienes organicen o promuevan intentos de entrada irregular. Las autoridades marroquíes insistieron en que el despliegue de seguridad no responde exclusivamente a una fecha determinada, sino que forma parte de un sistema permanente de vigilancia en las zonas próximas a los pasos fronterizos.

El problema de los menores añade una dimensión jurídica y humanitaria a la disputa. Según información difundida en España, las solicitudes de retorno deben analizarse individualmente y están sujetas a procedimientos de protección de menores; por ello, no pueden equipararse automáticamente con las devoluciones de adultos. Human Rights Watch ha expresado preocupación por las devoluciones aceleradas efectuadas después de la crisis de julio.

La presión política también se ha intensificado en España. El Gobierno de Madrid ha rechazado negociar la soberanía de Ceuta y Melilla después de que autoridades marroquíes volvieran a plantear sus reclamaciones territoriales. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, afirmó que ambas ciudades forman parte de España y que cualquier agresión contra ellas sería considerada un ataque contra el país.

En paralelo, la cuestión de los menores se ha convertido en un asunto interno español. Algunas comunidades autónomas han cuestionado las decisiones del Gobierno central sobre la distribución y traslado de menores llegados a Ceuta, mientras Madrid prepara nuevas reuniones para abordar la situación y repartir responsabilidades entre las distintas administraciones.

Para Marruecos, acelerar el regreso de los menores representa también una forma de reducir la presión que permanece sobre Ceuta después de la crisis migratoria. Para España, en cambio, cualquier traslado debe ajustarse a las normas de protección infantil y a los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Esa diferencia de enfoques explica buena parte de las dificultades que Rabat denuncia actualmente.

Con el 15 de agosto acercándose, ambos gobiernos enfrentan una prueba diplomática y de seguridad. Marruecos asegura que mantiene sus fronteras bajo vigilancia permanente y que actuará contra nuevos intentos de entrada irregular, mientras España mantiene reforzada la seguridad en Ceuta y sigue gestionando la situación de los menores. El desenlace de los próximos días podría determinar si la crisis de julio queda contenida o abre un nuevo capítulo de tensión entre Madrid y Rabat.