La relación entre Colombia y Estados Unidos entra en una nueva fase con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, anunció este miércoles en Panamá que Bogotá solicitó apoyo de Washington y autorizó operaciones militares conjuntas dentro del territorio colombiano para enfrentar organizaciones que Estados Unidos considera vinculadas al narcoterrorismo.

El anuncio representa un cambio sustancial respecto de la etapa de tensión que caracterizó la relación entre Washington y el anterior Gobierno de Gustavo Petro. Ahora, la administración estadounidense describe a Colombia como un socio dispuesto a profundizar la cooperación militar y de inteligencia para combatir las estructuras criminales que operan en el país y que mantienen conexiones internacionales.

Hegseth hizo el anuncio durante una reunión celebrada en Ciudad de Panamá, donde además confirmó la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Donald Trump para coordinar esfuerzos contra los carteles y otras organizaciones criminales transnacionales. Con la entrada de Bogotá, la alianza alcanza 19 países, según reportes publicados este miércoles.

La decisión no resulta completamente inesperada. Durante su campaña presidencial, De la Espriella había planteado una política de seguridad basada en una ofensiva directa contra las organizaciones armadas y criminales, y había expresado su disposición a trabajar conjuntamente con otros gobiernos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el denominado narcoterrorismo.

Washington ofrece inteligencia y capacidad militar

Para Colombia, el acercamiento con Estados Unidos supone acceso a capacidades militares, tecnológicas y de inteligencia que podrían ampliar considerablemente las operaciones contra los grupos armados ilegales. El país enfrenta la presencia de numerosas organizaciones criminales y estructuras armadas distribuidas en diferentes regiones, muchas de ellas relacionadas con economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y control territorial.

La dimensión del desafío es especialmente relevante porque Colombia continúa siendo uno de los principales centros mundiales de producción de cocaína, mientras Estados Unidos representa uno de los mercados más importantes para esa droga. La cooperación bilateral pretende atacar no solamente a los grupos que producen y transportan estupefacientes, sino también sus redes logísticas y financieras.

El nuevo esquema colombiano se suma a una estrategia estadounidense que durante 2026 ha buscado ampliar la cooperación militar con gobiernos latinoamericanos. Ecuador, por ejemplo, anunció previamente operaciones coordinadas con Estados Unidos contra organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros, mientras Washington ha profundizado sus acciones contra redes de narcotráfico y crimen organizado en el hemisferio.

La apuesta de Trump tiene además una dimensión geopolítica. Hegseth sostuvo en Panamá que Estados Unidos pretende defender el hemisferio de amenazas externas, incluyendo organizaciones narcotraficantes y determinadas formas de influencia extranjera. El funcionario ha presentado esta política como una reinterpretación contemporánea de la histórica doctrina Monroe, bautizada coloquialmente por la administración Trump como “doctrina Donroe”.

Panamá y el Caribe, piezas de una estrategia regional

El escenario elegido para el anuncio tampoco es menor. Panamá se ha convertido en uno de los puntos centrales de la estrategia estadounidense de seguridad hemisférica y de cooperación militar. La reunión coincidió con actividades relacionadas con el denominado Escudo de las Américas y con ejercicios militares multinacionales en territorio panameño.

La política regional de Washington también ha incluido operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico. La administración Trump ha defendido esas acciones como parte de su ofensiva contra las organizaciones criminales transnacionales, aunque el empleo de fuerza militar estadounidense en operaciones antidrogas ha generado cuestionamientos políticos y jurídicos en distintos sectores.

En este nuevo tablero, Colombia adquiere un peso estratégico especial por su ubicación geográfica, su experiencia militar y policial acumulada durante décadas de lucha contra guerrillas, paramilitares y organizaciones dedicadas al narcotráfico. La alianza con Washington podría convertir al país en uno de los principales componentes de la nueva arquitectura de seguridad promovida por la Casa Blanca en América Latina.

El ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, participó en las conversaciones con Hegseth y en la formalización del ingreso de Colombia a la coalición. Para Washington, el acuerdo constituye el comienzo de una etapa renovada de cooperación en defensa; para Bogotá, abre la posibilidad de reforzar su capacidad para enfrentar a las organizaciones armadas que operan en su territorio.

El cambio también marca una diferencia política respecto de la administración Petro, que mantuvo fuertes discrepancias con Washington en asuntos relacionados con la política antidrogas, la cooperación militar y la estrategia frente a los grupos armados. Con De la Espriella en la Casa de Nariño, la relación bilateral parece orientarse hacia una coordinación mucho más estrecha en materia de seguridad y defensa.

No obstante, el alcance concreto de las operaciones conjuntas será uno de los asuntos que más atención generará en Colombia. La participación de fuerzas estadounidenses en territorio colombiano puede abrir debates sobre soberanía, reglas de enfrentamiento, jurisdicción, control institucional y límites constitucionales, además de la necesidad de precisar qué tipo de operaciones, unidades y capacidades estarán involucradas. El anuncio de Hegseth confirma la autorización política, pero los detalles operativos serán determinantes para establecer la verdadera dimensión del acuerdo.