La modernización de los controles de seguridad en las cárceles hondureñas dio un nuevo paso con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 95-2026, luego de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La normativa permite extender el plazo de ejecución del contrato para culminar la instalación de tecnología especializada en distintos centros penitenciarios del país.

La disposición fue aprobada por el Congreso Nacional con el propósito de garantizar la continuidad del proyecto impulsado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), cuya finalidad es fortalecer los mecanismos de inspección y vigilancia mediante equipos de última generación.

El decreto, publicado en La Gaceta No. 37,191 con fecha 11 de julio de 2026, autoriza una adenda al contrato suscrito entre el INP y la empresa encargada del suministro e instalación de los equipos tecnológicos, permitiendo concluir una iniciativa considerada estratégica para mejorar la seguridad en los establecimientos carcelarios.

Entre el equipamiento contemplado en el proyecto figura la instalación de seis escáneres corporales de rayos X de cuerpo completo, cuatro escáneres de rayos X para inspección de objetos y seis escáneres portátiles, dispositivos que serán distribuidos en diferentes centros penitenciarios del territorio nacional.

Las autoridades estiman que esta tecnología permitirá realizar inspecciones más precisas y eficientes tanto a personas como a paquetes y pertenencias, reduciendo el riesgo del ingreso de armas de fuego, explosivos, drogas, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos que puedan facilitar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.

La incorporación de estos sistemas forma parte del proceso de fortalecimiento institucional del sistema penitenciario hondureño, que en los últimos años ha impulsado reformas orientadas a mejorar el control interno, incrementar la capacidad operativa y reforzar las condiciones de seguridad en los centros penales.

De acuerdo con la documentación oficial, la ampliación del contrato fue solicitada por la empresa contratista debido a retrasos registrados en la fabricación, disponibilidad y entrega internacional de parte del equipo tecnológico, factores que impidieron cumplir el cronograma inicialmente establecido.

La petición fue evaluada por la Subdirección Nacional de Seguridad e Inteligencia, la Comisión Administradora del Contrato y la Unidad de Servicios Legales del Instituto Nacional Penitenciario, instancias que emitieron dictámenes favorables al considerar técnicamente justificada la extensión del plazo.

Posteriormente, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional autorizó la modificación contractual mediante una adenda, estableciendo además la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Contratación del Estado por el incumplimiento de los tiempos originalmente pactados por la empresa ejecutora.

El Congreso Nacional respaldó la ampliación al considerar que la ejecución del proyecto se extiende más allá del actual período gubernamental, condición que, conforme a la normativa presupuestaria vigente, requiere autorización legislativa para asegurar la continuidad de este tipo de contrataciones.

La implementación de escáneres corporales y equipos de rayos X responde también a las recomendaciones formuladas en procesos de fortalecimiento penitenciario orientados a reducir el ingreso de objetos ilícitos, una de las principales problemáticas que históricamente ha afectado a los centros penales del país.

Las autoridades consideran que la utilización de tecnología no intrusiva permitirá agilizar los procedimientos de revisión, disminuir la manipulación física durante las inspecciones y elevar los estándares de seguridad tanto para el personal penitenciario como para las personas privadas de libertad y los visitantes.

Con la entrada en vigencia del decreto, el Estado asegura la continuidad de un proyecto considerado prioritario para consolidar un sistema penitenciario con mayores capacidades tecnológicas, fortaleciendo los mecanismos de prevención y control dentro de las instalaciones carcelarias.

La modernización de los centros penales forma parte de una estrategia más amplia que busca recuperar la gobernabilidad en las cárceles hondureñas mediante infraestructura, equipamiento especializado y procedimientos de seguridad ajustados a estándares internacionales.

La publicación del Decreto 95-2026 marca así el inicio de una nueva etapa para la ejecución del proyecto, con el objetivo de completar la instalación de los equipos tecnológicos previstos y contribuir a un sistema penitenciario más seguro, eficiente y preparado para enfrentar los desafíos del control interno.