La Habana fue escenario de una de las decisiones económicas más trascendentales desde el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un paquete de 176 medidas destinadas a reestructurar el modelo económico de la isla, en medio de una crisis caracterizada por escasez de alimentos, apagones, inflación, caída de la producción y creciente presión social.

El plan fue presentado durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la X Legislatura por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien defendió las transformaciones como una necesidad para preservar la estabilidad económica del país y garantizar la continuidad del sistema socialista bajo nuevas condiciones.

La sesión contó con la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, mientras que el exmandatario Raúl Castro siguió el desarrollo de los debates, respaldando una serie de cambios que durante años fueron considerados incompatibles con la estructura económica tradicional del Estado cubano.

Entre las decisiones más significativas figura la autorización de instituciones financieras privadas y cooperativas, así como la posibilidad de que inversionistas nacionales y extranjeros participen en actividades bancarias bajo la supervisión del Banco Central de Cuba. La medida rompe con décadas de monopolio estatal sobre el sistema financiero de la isla.

La reforma también contempla la transformación de numerosas empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, permitiendo que actores privados adquieran participaciones en dichas entidades. Aunque el Estado mantendrá el control de sectores considerados estratégicos, el nuevo esquema abre espacios inéditos para la inversión privada.

Por primera vez en décadas, las empresas públicas que registren pérdidas sostenidas podrán ser sometidas a procesos formales de reestructuración, quiebra o liquidación. Las autoridades dejaron claro que aquellas entidades incapaces de adaptarse al nuevo entorno económico no continuarán operando indefinidamente con respaldo estatal.

Otro de los pilares del programa es la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real, acompañado de mecanismos de subasta de divisas y ajustes sucesivos en el valor del peso cubano. El Gobierno considera que estas medidas son necesarias para corregir distorsiones monetarias acumuladas durante años.

Las reformas alcanzan además áreas como la agricultura, el turismo, la inversión extranjera y el sector privado. Se flexibilizan las condiciones para las micro, pequeñas y medianas empresas, se amplían las oportunidades para inversionistas extranjeros y se otorgan mayores facultades a actores económicos no estatales.

Uno de los cambios más sensibles para la población será la eliminación gradual de subsidios universales y la transición hacia sistemas de asistencia focalizados. El Gobierno argumenta que los recursos públicos deberán concentrarse en los sectores más vulnerables, mientras que diversos analistas advierten sobre el posible impacto social de estas medidas en un contexto de elevada inflación.

Especialistas consultados por diversos medios consideran que estas decisiones representan el giro económico más profundo emprendido por Cuba desde las reformas impulsadas en la década pasada. Aunque las autoridades insisten en que el objetivo es fortalecer el socialismo cubano, las nuevas disposiciones introducen mecanismos de mercado que transformarán significativamente el funcionamiento de la economía nacional durante los próximos años.