San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público elevó este martes una de las solicitudes de condena más severas de los últimos años en un caso relacionado con el manejo irregular de fondos bajo custodia estatal. Durante la audiencia de individualización de la pena, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) pidió más de 31 años de prisión contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez.

La audiencia se desarrolló en la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia, donde los fiscales presentaron los argumentos que sustentan la petición de condena y las sanciones económicas derivadas de los delitos por los cuales la exfuncionaria fue encontrada culpable el pasado 27 de mayo.

De acuerdo con la acusación, Medina Martínez participó en hechos relacionados con la sustracción de 88 millones 843 mil 43 lempiras que permanecían depositados en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), recursos que habían sido incautados y permanecían bajo custodia como parte de diversas investigaciones criminales.

La exfiscal desempeñó funciones en la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de San Pedro Sula, una dependencia encargada de investigar estructuras vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y otras modalidades de criminalidad organizada. Su posición dentro de la institución habría facilitado el acceso a información y documentación relacionada con los fondos bajo investigación.

Según la solicitud presentada por los agentes de tribunales, la condena total requerida asciende a 31 años y tres meses de prisión, además de una multa de 367 millones 872 mil 214 lempiras con 56 centavos, cifra que refleja la gravedad de los hechos y los perjuicios económicos atribuidos al caso.

El desglose de la petición establece una pena de 16 años y tres meses de cárcel por el delito de lavado de activos, acompañada de una multa de 7.5 millones de lempiras y la correspondiente interdicción civil. La Fiscalía considera que los elementos probatorios presentados durante el juicio acreditaron la existencia de operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de los recursos.

Por el delito de sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos bajo custodia oficial, el Ministerio Público solicitó una condena adicional de cuatro años de prisión, una multa de dos millones de lempiras y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante una década.

Asimismo, los fiscales requirieron una pena de tres años de reclusión por uso de información privilegiada, acompañada de una multa de más de 365 millones de lempiras y una inhabilitación especial de 10 años. A ello se suma una solicitud de ocho años de prisión por falsificación continuada de documentos públicos, además de una multa de 2.5 millones de lempiras y una inhabilitación de 12 años para desempeñar funciones dentro de la administración pública.

Las investigaciones que dieron origen al caso derivaron en la captura de Medina Martínez el 29 de noviembre de 2023 por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Desde entonces, el expediente ha sido considerado uno de los procesos de corrupción y criminalidad financiera más relevantes impulsados por el Ministerio Público en la zona norte del país.

La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el próximo 30 de junio. Mientras tanto, las autoridades mantienen vigente una orden de captura contra Germán René Silva Lemus, expareja sentimental de la exfiscal y también exmiembro del Ministerio Público, así como contra otras 11 personas —entre empleados y exempleados del Banco Central de Honduras— señaladas de participar en la estructura investigada.