La violencia volvió a estremecer a Honduras este jueves 21 de mayo, luego de que dos masacres registradas en los departamentos de Colón y Cortés dejaran más de 25 personas asesinadas en una de las jornadas más sangrientas del año.
El primer ataque ocurrió en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, donde hombres armados irrumpieron en una finca agrícola y ejecutaron a decenas de trabajadores vinculados a empresas campesinas dedicadas al cultivo de palma africana. Informes preliminares establecen que al menos 19 personas murieron en la escena.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, los atacantes habrían llegado vestidos con indumentaria similar a la utilizada por cuerpos policiales, lo que provocó confusión entre las víctimas antes de abrir fuego de manera indiscriminada. Testimonios recogidos por medios locales relatan escenas de pánico y desesperación dentro de la hacienda.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que equipos forenses fueron desplazados al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y recopilar evidencia. Sin embargo, explicó que algunos familiares retiraron cuerpos antes de la llegada de las autoridades, dificultando la confirmación exacta del número de víctimas.
Entre los fallecidos se reportó preliminarmente la muerte de tres hermanas y una menor de edad, situación que incrementó la indignación en redes sociales y entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Horas después, otro hecho violento sacudió el municipio de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala, donde un grupo de agentes policiales fue emboscado mientras se dirigía a desarrollar una operación contra estructuras criminales y narcotraficantes en la zona.
La Policía Nacional confirmó que al menos seis uniformados murieron durante el ataque, incluyendo un oficial de alto rango. Según la versión oficial, los agentes pertenecían a unidades especiales antipandillas y fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados durante su desplazamiento desde Tegucigalpa hacia la comunidad de Corinto.
Tras conocerse ambas matanzas, la Secretaría de Seguridad anunció la activación de un “Comando de Crisis” integrado por policías, fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas para intervenir las zonas afectadas e iniciar operativos de búsqueda y captura contra los responsables.
Las autoridades manejan varias hipótesis sobre los ataques, incluyendo disputas territoriales vinculadas al narcotráfico, conflictos agrarios y enfrentamientos entre estructuras criminales que operan en el litoral atlántico hondureño. La región de Colón ha sido escenario histórico de conflictos por tierras y violencia ligada al crimen organizado.
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos advirtieron que estos hechos reflejan el fortalecimiento de redes criminales en Honduras y la fragilidad del sistema de seguridad nacional. La Oficina de Naciones Unidas y distintos sectores sociales condenaron la ola de violencia y exigieron investigaciones transparentes.
Las masacres ocurren además en medio del debate nacional sobre nuevas medidas de seguridad aprobadas recientemente por el Congreso Nacional, las cuales permiten ampliar la participación militar en tareas de combate al crimen organizado y catalogar a pandillas y carteles como estructuras terroristas.
Con estos nuevos hechos, Honduras acumula al menos 11 masacres en lo que va de 2026, dejando decenas de víctimas mortales y reavivando la preocupación ciudadana sobre la capacidad del Estado para contener la violencia que golpea distintas regiones del país.
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