El ciudadano estadounidense Gilbert Reyes fue declarado culpable por tres delitos de asesinato en perjuicio de Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, tras un fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Roatán, informó la Fiscalía Local de Roatán.

La resolución judicial se produjo luego de que el tribunal recalificara el delito inicialmente presentado como femicidio agravado a asesinato, decisión que mantiene la gravedad de los hechos y expone al acusado a una condena de entre 60 y 75 años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal hondureño.

El triple crimen ocurrió el 7 de enero de 2024 y provocó una profunda conmoción en la isla de Roatán, uno de los principales destinos turísticos de Honduras. Las tres víctimas fueron reportadas como desaparecidas por familiares y allegados, lo que desencadenó una intensa búsqueda por parte de las autoridades.

Los cuerpos de Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz fueron encontrados el 8 de enero dentro de un vehículo abandonado en una propiedad privada ubicada en el sector de French Key. El hallazgo generó indignación pública y elevó la presión social para esclarecer el caso.

Desde el inicio de las investigaciones, el Ministerio Público y los cuerpos de investigación desarrollaron una serie de diligencias técnicas y científicas para reconstruir los hechos y establecer la participación del acusado. El caso tomó relevancia tanto a nivel nacional como internacional debido a la nacionalidad del imputado y a la brutalidad del crimen.

Durante el juicio oral y público, la Fiscalía presentó una amplia carga probatoria integrada por 27 videos de vigilancia, análisis de telefonía, estudios balísticos, pruebas forenses y diversa evidencia física recopilada durante las investigaciones desarrolladas en Roatán y otros sectores relacionados con el caso.

Según los fiscales, una de las pruebas clave permitió determinar que los disparos fueron realizados desde la posición del conductor y a corta distancia, lo que fortaleció la hipótesis de que las víctimas fueron atacadas dentro del vehículo donde posteriormente fueron encontradas sin vida.

Asimismo, las autoridades expusieron ante el tribunal evidencia biológica encontrada en un chaleco atribuido a Gilbert Reyes. Los análisis científicos determinaron que las manchas de sangre halladas en la prenda eran compatibles con una de las víctimas, elemento considerado fundamental dentro del proceso judicial.

La Fiscalía sostuvo además que las pruebas tecnológicas y de rastreo telefónico permitieron reconstruir los movimientos del acusado antes y después del crimen, estableciendo patrones de desplazamiento y presencia en puntos clave relacionados con la escena de los hechos.

El caso atrajo atención mediática desde las primeras horas debido al impacto generado en la comunidad isleña y al temor que provocó entre residentes y empresarios turísticos de la región. Roatán depende en gran medida de la actividad turística internacional, por lo que hechos violentos de alto perfil suelen generar preocupación económica y social.

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y colectivos ciudadanos siguieron de cerca el desarrollo del juicio, exigiendo justicia para las víctimas y reclamando una investigación exhaustiva. El proceso judicial fue considerado por distintos sectores como una prueba importante para el sistema de justicia hondureño.

La audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 2 de junio de 2026 a la 1:30 de la tarde, instancia en la que el tribunal definirá la cantidad exacta de años de prisión que deberá cumplir el condenado por cada uno de los delitos de asesinato.

De acuerdo con el artículo 193 del Código Penal de Honduras, cada delito de asesinato puede castigarse con penas que oscilan entre 20 y 25 años de reclusión. En consecuencia, la suma total podría alcanzar hasta 75 años de cárcel para el ciudadano estadounidense.

La Fiscalía Local de Roatán destacó que el fallo representa un avance importante en la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas y reafirma el compromiso del Ministerio Público de Honduras de perseguir delitos violentos con base en pruebas científicas y procesos judiciales sólidos.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las capacidades investigativas y forenses en casos de alto impacto criminal. El fallo condenatorio contra Gilbert Reyes marca uno de los procesos judiciales más relevantes registrados recientemente en la zona insular hondureña.